Rumbo a una nueva reforma electoral: se abre el diálogo nacional para fortalecer la democracia
Ciudad de México. A pocas horas de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunciara la creación de una comisión para elaborar la nueva reforma electoral —encabezada por el reconocido constitucionalista Pablo Gómez Álvarez—, un grupo de 22 ex consejeros y ex magistrados electorales, entre ellos figuras como Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés Zurita y José Woldenberg, emitieron un llamado al diálogo nacional en torno a este importante proceso legislativo.
Mediante un desplegado conjunto difundido en redes sociales, los firmantes coincidieron en la necesidad de una reforma que “garantice el apego a los más altos estándares de integridad electoral que exige todo régimen democrático”, y subrayaron que el cambio debe surgir del “más amplio consenso posible”. Esta disposición al diálogo se suma al compromiso del gobierno federal de abrir los espacios necesarios para un debate técnico, transparente y participativo.
La presidenta Sheinbaum ha expresado con claridad que esta reforma electoral es una oportunidad histórica para fortalecer los mecanismos de representación política y consolidar la democracia mexicana. La designación de Pablo Gómez Álvarez como coordinador de la iniciativa reafirma la voluntad del gobierno de contar con perfiles de reconocida trayectoria ética y conocimiento técnico en esta tarea fundamental.
Entre los temas planteados por los ex funcionarios se encuentra la necesidad de corregir distorsiones en la representación política, con el objetivo de acercar la composición de los congresos al porcentaje real de votos que reciben las distintas fuerzas políticas. Asimismo, se pronunciaron por preservar la autonomía de los órganos electorales y asegurar que los nombramientos de consejeros y magistrados se realicen por el Congreso, a partir de criterios de experiencia, imparcialidad y solvencia técnica.
La propuesta de los ex funcionarios incluye también la implementación de un sistema eficaz de fiscalización de campañas y rendición de cuentas, que erradique prácticas como la compra o coacción del voto, y sancione cualquier desvío de recursos públicos. Estos planteamientos se alinean con los objetivos de la Cuarta Transformación: combatir la corrupción, fortalecer la legalidad y garantizar elecciones auténticas y equitativas.
El gobierno federal ha reiterado que en este proceso no habrá imposiciones, sino una consulta amplia con todos los sectores de la sociedad. En ese sentido, se convocará a actores políticos, empresariales, académicos, medios de comunicación, organizaciones civiles y ciudadanos interesados a participar en un diálogo plural, transparente y con visión de Estado.
También se enfatizó la necesidad de mantener bajo resguardo de la autoridad electoral administrativa el Registro Federal de Electores, los padrones y la credencial para votar, garantizando la vigilancia de los partidos políticos como salvaguarda de la imparcialidad.
La apertura de este gran diálogo nacional es una muestra de madurez democrática. México se encamina hacia una reforma electoral que, más allá de diferencias ideológicas, será el resultado de una voluntad colectiva por perfeccionar las reglas del juego democrático, con justicia, inclusión y transparencia como pilares fundamentales. La Cuarta Transformación sigue avanzando con diálogo, visión de futuro y compromiso con el pueblo.