Profeco evita revelar nombres de legisladores pese a instrucción presidencial
Ciudad de México.– En un giro que ha generado cuestionamientos, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, evitó revelar los nombres de los legisladores morenistas que habrían intentado influir para frenar sanciones contra empresas señaladas por abusos a consumidores, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó la semana pasada que el funcionario debía transparentar esta información.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Escalante fue cuestionado directamente sobre el tema, pero se limitó a declarar: “Más allá de los nombres, quisiera dar dos mensajes, uno es que formalmente los procedimientos a estas empresas se realizaron, se verificaron, se sancionaron”.
Añadió que en su experiencia encontró “mucha sensibilidad” por parte de la mayoría de los legisladores y confió en que el Congreso contribuirá a fortalecer las herramientas de protección a los consumidores. Sin embargo, no aclaró por qué decidió no acatar la instrucción pública de la mandataria federal, quien había señalado que era el procurador quien debía dar a conocer los detalles, luego de que él mismo denunció la intervención de funcionarios y legisladores ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Los señalamientos originales indicaban que la presión se habría ejercido para frenar sanciones contra una gasolinera y un hotel de lujo, lo que encendió las alertas sobre posibles intentos de tráfico de influencias desde el poder legislativo. “No debe haber tráfico de influencias, de ningún tipo, en ningún gobierno”, había subrayado con firmeza la presidenta Sheinbaum en su conferencia del pasado viernes.
La evasión de Escalante Ruiz contrasta con la posición del Ejecutivo, que ha insistido en mantener la transparencia y la legalidad como principios rectores de la administración pública y en erradicar viejas prácticas que dieron pie a la impunidad. El hecho de que el funcionario no brindara los nombres ni precisara las circunstancias, podría interpretarse como una oportunidad perdida para reforzar la confianza ciudadana en las instituciones de protección al consumidor.
Aunque el titular de Profeco subrayó que las sanciones contra las empresas fueron aplicadas y que no hubo impunidad en los procedimientos, la falta de claridad sobre quiénes buscaron intervenir en estos procesos deja un vacío informativo que deberá ser atendido en aras de la rendición de cuentas.
En un gobierno que ha hecho de la lucha contra la corrupción y la transparencia pilares fundamentales de su gestión, la expectativa social es clara: no basta con sancionar a las empresas abusivas, también es indispensable sancionar a quienes desde cargos públicos intentan desviar el curso de la legalidad. La ciudadanía, así como la propia presidenta de la República, demandan que se hable con la verdad.