Corte analizará impugnaciones por designación de magistrados del TEPJF

Ciudad de México.— En un ejercicio pleno de legalidad y transparencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una segunda impugnación en contra del proceso de designación de los nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reafirmando así su papel como garante de la constitucionalidad en el marco del nuevo sistema de justicia.

La impugnación fue presentada por la organización Poder Ciudadano, a través de su representante legal Gabriela Lorena Sterling Ávalos, y fue turnada por la presidenta de la Corte, ministra Norma Piña, al ministro Alberto Pérez Dayán. Él será el encargado de elaborar el proyecto de sentencia que deberá ser discutido por el pleno del máximo tribunal del país.

La controversia gira en torno a la designación de Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García como nuevos magistrados de la Sala Superior del TEPJF. Este proceso, conforme a la reciente reforma judicial, establece que es la propia SCJN la instancia facultada para resolver impugnaciones relacionadas con la Sala Superior, en sustitución del tribunal electoral.

Desde su cuenta oficial en la red social X, Poder Ciudadano celebró la admisión del recurso, afirmando que se trata de “un paso importante en la defensa de la legalidad” y reiterando su compromiso con la vigilancia ciudadana y el respeto a la Constitución.

Esta impugnación se suma a la presentada previamente por Iván Bravo Olivas, cuyo expediente fue asignado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y permanece en análisis. Ambos casos deberán resolverse antes del 1º de septiembre, fecha establecida para la protesta oficial de los nuevos magistrados ante el Senado de la República.

Aunque los dos recursos ya fueron admitidos por la Suprema Corte, la determinación final sobre su procedencia corresponderá al pleno. En este sentido, se mantiene el debido proceso legal, garantizando el derecho de las partes a que sus demandas sean analizadas conforme a derecho.

Con estos procedimientos, el Poder Judicial de la Federación demuestra su compromiso con la institucionalidad y la defensa del marco constitucional, asegurando que cada acto relacionado con la designación de autoridades electorales se realice bajo los principios de legalidad, transparencia e independencia judicial.

El Gobierno de México reconoce y respeta el papel que la Suprema Corte desempeña en este tipo de controversias, dentro de una democracia madura que se construye con base en el diálogo, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones.

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