Sheinbaum va por reforma constitucional para frenar la extorsión: “el Estado asumirá la denuncia”
Ciudad de México.– En un acto de firmeza institucional y sensibilidad social, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este martes una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General que tipifique y combata el delito de extorsión en todo el país. “Es el único delito que no hemos podido disminuir y sigue aumentando”, reconoció la mandataria, al destacar la necesidad urgente de una respuesta estatal contundente.
La iniciativa busca modificar el artículo 73, fracción 21, inciso A, de la Constitución, con el fin de incluir la extorsión en el catálogo de delitos de competencia nacional, al igual que el secuestro o la desaparición forzada de personas. Con ello, el Estado mexicano se asumirá como víctima y el delito será perseguido de oficio, eliminando la carga procesal que actualmente recae sobre las personas afectadas.
“La cifra ha aumentado porque muchas veces las personas no ratifican por temor. Por eso le estamos quitando a la víctima el peso de la denuncia”, explicó Sheinbaum. Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, desde el domingo se habilitó la línea 089 para denuncias anónimas, un recurso que ya forma parte de esta nueva etapa de combate integral a este ilícito.
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, detalló que, con esta reforma, las unidades que actualmente investigan secuestros ampliarán su competencia para incluir la extorsión, articulando una red de respuesta desde las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. “A partir de la denuncia, incluso si es anónima, inicia un proceso de investigación formal”, indicó Godoy, asegurando que habrá una protección integral para víctimas, testigos y ofendidos.
Sheinbaum dejó claro que el combate a la extorsión será una prioridad de Estado y no descartó asignar mayores recursos para su erradicación. “Lo que haga falta, lo vamos a destinar para acabar con este delito que daña a miles de familias y empresas en todo el país”, aseguró.
El equipo encargado de la estrategia nacional estará bajo la coordinación directa de la Secretaría de Seguridad, con participación del gabinete de seguridad federal y las fiscalías, en plena coordinación con las autoridades estatales. Esta acción conjunta busca cerrar el paso a la impunidad y frenar una práctica delictiva que impacta no sólo en la economía, sino en la tranquilidad y dignidad de millones de mexicanas y mexicanos.
Aunque la Presidenta había anunciado que la iniciativa sería enviada al Congreso el mismo martes, su entrega formal se espera este miércoles ante la Comisión Permanente.
Con esta reforma, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la justicia y la seguridad pública, dando un paso firme hacia la erradicación de uno de los delitos más nocivos para la vida económica y social del país. Se trata de una acción con visión de Estado, que pone en el centro la protección de la ciudadanía y fortalece la capacidad institucional del país para hacer frente al crimen.
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