Golpe histórico al huachicol en el centro del país: 32 detenidos y millonario decomiso tras seis meses de investigaciones

Ciudad de México. En un contundente golpe al crimen organizado, el gabinete de seguridad federal informó este lunes la desarticulación de una de las principales bandas dedicadas al robo y venta ilícita de hidrocarburos en el centro del país, tras seis meses de investigaciones y trabajos coordinados entre autoridades federales y estatales.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que en 12 cateos simultáneos realizados en Ciudad de México, Querétaro y Estado de México, participaron 767 elementos de fuerzas federales y locales, logrando la captura de 32 presuntos integrantes del grupo delictivo, entre ellos su líder, Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias Don Checo, y su principal operador, Luis Miguel Ortega Maldonado, conocido como Flaco de Oro.

La operación, destacó García Harfuch, permitió además un decomiso histórico de bienes y recursos ilícitos: se incautaron 16 millones de pesos en efectivo, 12 inmuebles, 21 tractocamiones, 14 semirremolques, cinco remolques, 14 contenedores tipo tanque, ocho pipas, cinco cajas secas, un tanque estacionario, 48 vehículos —varios de ellos blindados y de lujo—, un autobús, 12 motocicletas, 36 armas de fuego, además de drogas, medicamentos controlados, dos tomas clandestinas y una bodega de almacenamiento. También fueron rescatados animales exóticos que estaban en poder de la organización, mismos que quedaron bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

“Esta desarticulación no sólo afecta las capacidades operativas y financieras de este grupo criminal, sino que reafirma el compromiso de este gobierno en la lucha contra la impunidad y el combate frontal al crimen organizado”, subrayó García Harfuch, acompañado por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández; el titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales; y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

De acuerdo con las investigaciones, la organización perforaba ductos para sustraer gas LP y gasolina, almacenando el producto en bodegas para luego venderlo de forma ilegal a estaciones de servicio en varios estados del centro del país. Su base principal de operaciones estaba en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, donde fueron detenidas 15 personas y se ubicaron puntos clave de extracción y distribución, así como presuntos vínculos de la banda con autoridades estatales y municipales, quienes presuntamente les brindaban protección para mantener sus operaciones ilícitas.

“En el municipio de Ixtlahuaca se realizaron cuatro cateos estratégicos que permitieron capturar a Don Checo y desmantelar la red de corrupción que garantizaba la impunidad del grupo”, indicó García Harfuch.

Por su parte, Gertz Manero recalcó que la operación demuestra la fuerza y coordinación que el Estado mexicano ha logrado construir con las nuevas reformas legales en materia de seguridad, actualmente discutidas en el Congreso bajo la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Lograr que todo el sistema funcione de manera coordinada, con investigación e inteligencia como lo exigen las reformas vigentes, nos da más fuerza, más cobertura y una mayor defensa para la sociedad”, enfatizó el fiscal.

El funcionario adelantó que los bienes asegurados serán sometidos a procesos de extinción de dominio, con lo que se busca revertir al Estado los recursos que provenían del robo y venta ilegal de hidrocarburos.

Finalmente, aunque García Harfuch y Gertz Manero evitaron confirmar oficialmente la participación de funcionarios públicos, un informe del gabinete de seguridad reconoció que se investigan posibles vínculos de la red criminal con autoridades de los tres niveles de gobierno, como parte de la siguiente fase de la investigación que busca erradicar las estructuras de protección institucional al huachicol.

Con esta operación, el gobierno de México reafirma su compromiso de defender los recursos de la nación y garantizar que cada litro de combustible llegue de manera legal a las y los mexicanos, priorizando la transparencia, la justicia y la seguridad pública.