Carrizalillo resiste: la dignidad contra el oro envenenado de Equinox Gold

En el corazón de Guerrero, en el ejido de Carrizalillo, se libra una batalla silenciosa pero profundamente significativa: la lucha de una comunidad por su territorio, su salud y su derecho a decidir sobre el uso de sus recursos naturales. Enfrente, como un coloso acostumbrado a pisotear sin consecuencias, está la transnacional canadiense Equinox Gold, una empresa que, desde 2005, ha devastado cerros, contaminado agua y socavado el tejido social de esta comunidad con su mina a cielo abierto Los Filos. Hoy, gracias a la organización firme de los ejidatarios y a la presencia de instituciones del Estado mexicano, esa historia empieza a cambiar.

La suspensión indefinida de actividades por parte de Equinox Gold desde el 1° de marzo no fue una concesión de la empresa, sino el resultado de la negativa del ejido a seguir aceptando condiciones lesivas. La minera pretendía reducir aún más los pagos por la renta de tierras, como si los daños ecológicos, los riesgos a la salud y la pérdida de suelo fértil no valieran nada. La comunidad dijo basta. Y al hacerlo, activó una serie de mecanismos legales, institucionales y sociales que hoy representan una lección de dignidad frente al extractivismo desmedido.

Del 26 al 29 de mayo, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ingresó al ejido para realizar inspecciones en los terrenos afectados por la actividad minera. Un hecho que, en otros sexenios, habría parecido impensable. Las empresas gozaban de impunidad absoluta, con autoridades locales y federales más preocupadas por asegurar la “confianza de los inversionistas” que por proteger a los pueblos y su medio ambiente. Hoy, con la Cuarta Transformación, se empieza a revertir esa lógica perversa. La entrada de Profepa no es sólo un procedimiento técnico: es un acto político de recuperación de la soberanía nacional sobre nuestras tierras.

La comunidad, organizada y atenta, permitió el ingreso de la autoridad ambiental, incluidas las áreas de la mina Los Filos. Lo hicieron para que se constaten los daños ambientales que esta mina ha causado desde hace casi dos décadas. Se trata de una operación de minería a cielo abierto, uno de los métodos más destructivos que existen. Donde antes había parcelas y tierras de cultivo, hoy hay cráteres, residuos tóxicos y tierras erosionadas. Aún así, Equinox Gold nunca presentó un plan de cierre ni de remediación ambiental. Pretendían explotar y luego abandonar el sitio, como ya han hecho tantas otras mineras en América Latina.

Por si fuera poco, la empresa no sólo se retiró sin negociar en buenos términos con la comunidad, sino que ahora intenta usar la legislación mexicana en su contra. Ha iniciado demandas contra el ejido y contra 125 parcelarios, con el absurdo argumento de que se le quiere “despojar de su tierra”. ¡La empresa que alquila el terreno acusa de despojo a quienes son sus legítimos propietarios! Es el colmo del cinismo empresarial transnacional, acostumbrado a operar con impunidad en países donde durante décadas se les permitió todo, incluyendo destruir y dividir comunidades enteras.

Aquí es donde se pone de relieve el papel fundamental de la Procuraduría Agraria, que ha ofrecido respaldo legal al ejido ante estas amenazas judiciales. Ya no estamos en los tiempos donde las instituciones del Estado se ponían al servicio de las mineras. Ya no son los tiempos del PAN, el PRI y sus gobiernos entreguistas, que abrían de par en par las puertas del país al capital extranjero, sin importar el costo social y ambiental. La Cuarta Transformación ha reivindicado el papel del Estado como defensor del interés público, del medio ambiente y del derecho de los pueblos a decidir.

Carrizalillo no está solo. Su causa es la de muchas comunidades a lo largo y ancho del país que enfrentan los efectos del modelo extractivista impuesto por décadas. Un modelo que no dejó desarrollo, ni riqueza compartida, ni bienestar. Sólo dejó destrucción ambiental, enfermedades, comunidades divididas y promesas rotas. Hoy, las comunidades reclaman no sólo justicia ambiental, sino justicia histórica. Y tienen todo el derecho de hacerlo.

Equinox Gold no ha presentado ninguna propuesta seria de cierre o post-cierre de la mina. Tampoco ha reconocido su responsabilidad en la devastación ambiental que ha causado. Pretende sentarse a renegociar contratos desde una posición de fuerza, utilizando amenazas legales y su poder económico. Pero la comunidad no cede. Los ejidatarios han reiterado que están abiertos a nuevas ofertas, sí, pero bajo condiciones justas y en beneficio del colectivo, no de una élite empresarial lejana que sólo conoce el territorio a través de satélites y reportes financieros.

El mensaje de Carrizalillo es claro: sí al diálogo, pero con dignidad. No más contratos abusivos. No más explotación sin responsabilidad. No más extractivismo sin futuro. Esta postura debe ser respaldada por todo el aparato del Estado mexicano. El momento es propicio para dar un giro definitivo a las políticas mineras, estableciendo como regla fundamental que cualquier proyecto extractivo debe contar con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, y con planes de remediación real y supervisión continua.

Además, es tiempo de revisar el marco legal que durante tantos años ha favorecido a las empresas extranjeras por encima del interés nacional. La ley minera heredada del neoliberalismo ha permitido concesionar millones de hectáreas sin criterios ambientales ni sociales. Cambiar ese marco es una deuda pendiente, pero también una oportunidad histórica para redefinir el papel de México frente al capital transnacional.

No podemos permitir que lo ocurrido en Carrizalillo se repita. No más enclaves extractivos que funcionan como feudos privados en medio del territorio nacional. No más zonas donde las leyes mexicanas no rigen porque las empresas se sienten por encima de ellas. No más gobiernos que negocian a espaldas de los pueblos. La Cuarta Transformación debe ser también una transformación ecológica, una transformación agraria, una transformación territorial.

La defensa de Carrizalillo es también la defensa de un modelo alternativo de desarrollo. Uno que no sacrifica el medio ambiente por ganancias inmediatas. Uno que respeta la vida comunitaria, el trabajo campesino, la soberanía alimentaria y los saberes ancestrales. Porque el oro que se llevan no vale más que el agua que contaminan, ni que la tierra que destruyen, ni que la salud de quienes viven allí. La riqueza no puede medirse sólo en lingotes y exportaciones. Debe medirse en bienestar colectivo, en equidad, en justicia social.

Por eso, cuando una comunidad campesina decide decir no, merece todo nuestro respeto y respaldo. Porque está defendiendo algo mucho más valioso que un contrato: está defendiendo la vida. Y eso, en estos tiempos, es un acto profundamente revolucionario.

Carrizalillo ha demostrado que la organización popular, la legalidad bien empleada y la dignidad pueden hacer frente a gigantes empresariales. Ahora, el gobierno de México debe acompañar esa lucha con acciones firmes: clausuras si es necesario, sanciones ejemplares, apoyo técnico para la restauración ambiental, y garantía de que ningún empresario va a intimidar legalmente a quienes han defendido sus tierras.

El mensaje es claro: México ya no es tierra de conquista para las mineras. México es tierra de pueblos libres, conscientes y organizados. Y quien no lo entienda así, mejor que haga las maletas. Porque aquí, como en Carrizalillo, la dignidad no se renta. Se defiende.