Ministros de la Corte se abstendrán de votar en elección judicial

Ciudad de México.— En una postura firme que marca distancia con el actual proceso de elección judicial, siete ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezados por la presidenta Norma Piña Hernández y el ministro Javier Laynez Potisek, anunciaron que no participarán en la jornada electoral extraordinaria del próximo 1° de junio, en la que se elegirán 881 cargos del Poder Judicial.

Junto con Laynez y Piña, los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena expresaron públicamente su rechazo a las urnas, al considerar que este ejercicio presenta “vicios de fondo” y no representa un verdadero acto de democratización de la justicia.

En entrevista, el ministro Javier Laynez calificó este proceso como un “error histórico” y señaló que será la primera vez que no vota. Argumentó que se trata de una reforma que no fortalece la independencia judicial, sino que busca cooptar al Poder Judicial bajo una lógica de control político. “Yo sí estoy bien preocupado por mi país. Esto es un retroceso”, enfatizó.

Para Laynez, hay dos aspectos centrales que justifican su abstención. Primero, el carácter desinformado del voto que se promueve, al obligar a la ciudadanía a decidir entre cientos de candidatos sin tener acceso suficiente a información sobre sus perfiles. “Es una falta de respeto al electorado”, aseguró.

Segundo, cuestionó la naturaleza misma de la elección, al someter a votación popular cargos técnicos como los de jueces y magistrados, que requieren formación, experiencia y autonomía, elementos que no pueden decidirse por mayoría en un ejercicio masivo y politizado.

Además, denunció una serie de irregularidades que minan la legitimidad del proceso, entre ellas la falta de certeza jurídica, la inequidad en la contienda, deficiencias logísticas en el Instituto Nacional Electoral (INE), y la operación política de algunos gobernadores para manipular el voto mediante prácticas como el acarreo y la entrega de “acordeones” con instrucciones de votación.

“Por cada ciudadano que acuda por convicción, va a haber trescientos acarreados”, advirtió, y señaló el riesgo de que grupos masivos, como el magisterio, sean movilizados para influir en el resultado. Este tipo de maniobras, dijo, “simulan participación” y restan autenticidad democrática al proceso.

Laynez reconoció la necesidad de una reforma judicial de fondo, pero consideró que la promulgada el pasado 15 de septiembre no es la solución. “Preparar a un juez cuesta años, esfuerzos y dinero”, recordó, y lamentó que la reforma vigente eche por tierra décadas de profesionalización y desarrollo institucional.

La decisión de los siete ministros disidentes subraya la gravedad de las preocupaciones dentro del propio Poder Judicial sobre la viabilidad del modelo de elección popular para sus integrantes. A solo unos días del histórico ejercicio, la tensión entre el ideal democrático y la defensa de la autonomía judicial abre un debate profundo que continuará después del 1° de junio.