Justicia en curso: México va tras los cómplices de García Luna
Ciudad de México.— El Gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha dado un paso decisivo en la lucha contra la corrupción al lograr avances sustanciales en un acuerdo con los socios de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Este entendimiento busca profundizar el conocimiento de la compleja red de desvío de recursos públicos que tejió el exfuncionario panista.
El procedimiento civil que inició la UIF en 2021 en Miami, Florida, se encuentra en una etapa crucial. Aunque las negociaciones para llegar a un acuerdo estaban sobre la mesa incluso antes del inicio del juicio, no se logró concretar en las fechas oficiales establecidas por la corte. Por ello, el gobierno mexicano optó por un “retiro voluntario de la demanda sin perjuicio”, lo que permite mantener abierta la vía judicial mientras se intenta cerrar un convenio definitivo. En caso de no lograrlo en los próximos 30 días, la demanda será reactivada.
Cabe destacar que este retiro voluntario no afecta la sentencia histórica emitida la semana pasada por la jueza Lisa Walsh, que condenó a García Luna y a su esposa Linda Cristina Pereyra al pago de 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares. Este monto representa el triple del dinero público desviado a través de contratos ilícitos hacia empresas propiedad o vinculadas al exsecretario de Seguridad, tanto durante el sexenio de Calderón como en el de Enrique Peña Nieto.
La acción judicial también abarca a los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub, señalados por participar en una red de prestanombres y triangulación de recursos provenientes de contratos ilegales. Estas figuras clave están ahora en proceso de negociar un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República, lo que podría aportar información valiosa para desmantelar completamente la estructura de corrupción.
Además, la demanda también involucra a Sylvia Pinto, esposa de Mauricio Samuel y madre de Jonathan Alexis; así como a José Francisco Niembro González, exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Pública, y su esposa Martha Nieto Guerrero, quienes también habrían contribuido a la operación fraudulenta.
A pesar de que el periodo formal de negociación entre la UIF y los Weinberg concluía el 23 de mayo, ambas partes acordaron extender las conversaciones mediante el recurso del “voluntary dismissal without prejudice”, el cual mantiene la jurisdicción de la jueza Walsh para emitir una sentencia con base en los acuerdos alcanzados.
La UIF ha sido enfática en señalar que, si en los próximos 30 días no se perfecciona el convenio, el Estado Mexicano ejercerá su derecho de reactivar la demanda para continuar con el juicio hasta alcanzar una sentencia firme. Con este procedimiento, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador refrenda su compromiso con la justicia y el combate a la corrupción, llevando ante los tribunales a quienes abusaron del poder para enriquecerse ilícitamente a costa del pueblo de México.