Compromiso federal con justicia ambiental en Sonora
Hermosillo, Sonora. En una firme muestra de compromiso con la justicia ambiental y el bienestar de las comunidades, el Gobierno de México encabezó una importante reunión con los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), para dar seguimiento al proceso de remediación del derrame de sulfato de cobre acidulado ocurrido hace casi 11 años en el Río Sonora, considerado el desastre ambiental más grave en la historia minera del país.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, lideró este encuentro que reunió a autoridades clave como Mariana Boy, procuradora federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; así como representantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y del programa IMSS-Bienestar. El objetivo fue claro: evaluar y fortalecer las acciones interinstitucionales en favor de la reparación integral del daño ambiental y social provocado por Grupo México en 2014.
Las comunidades, organizadas a través de los CCRS, reiteraron su exigencia de contar con un plan de remediación transexenal, legalmente sustentado y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Este plan, señalaron, debe incluir mecanismos efectivos de supervisión y una participación activa de las personas afectadas, elementos que el gobierno federal ha reconocido como prioritarios para garantizar justicia.
Durante el encuentro, los CCRS señalaron que las propuestas institucionales deben robustecerse con presupuesto, claridad en los responsables y fechas de cumplimiento. Además, destacaron la necesidad urgente de reincorporar al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), cuyas aportaciones técnicas son fundamentales para atender con rigor científico la crisis ambiental.
Uno de los puntos más relevantes fue la discusión en torno al cumplimiento de sentencias judiciales, en particular del Amparo en Revisión 640/2019, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho a la reparación ambiental tras la disolución del Fideicomiso Río Sonora. El Gobierno de México ha manifestado su voluntad de avanzar con firmeza en este frente legal, buscando un marco de acción que garantice resultados concretos y no se limite a negociaciones sin consecuencias.
Asimismo, se abordó la suspensión de los servicios médicos especializados para personas con altos niveles de metales pesados en sangre y orina. Las autoridades federales expresaron su disposición a revisar esta situación con el propósito de reactivar las acciones de salud pública iniciadas en 2023 por el Cenaprece, y asegurar la atención a las comunidades afectadas.
Los CCRS anunciaron que presentarán una respuesta formal a las propuestas gubernamentales en los próximos días, como parte de un proceso de diálogo abierto y constructivo. El gobierno, por su parte, reitera su compromiso de acompañar a las comunidades con transparencia, legalidad y voluntad de reparación.
“La justicia ambiental no puede seguir postergándose”, subrayaron los representantes de los comités, mientras el Gobierno de México reafirma su voluntad de avanzar con paso firme hacia una solución definitiva y justa para el Río Sonora.