Autoridades mexicanas actúan con firmeza: detienen a directivo de Philips México por respiradores defectuosos

Monterrey, NL.– En un acto que reafirma el compromiso del Estado mexicano con la justicia y la protección de la salud pública, autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvieron al director de Philips México, Marc “D”, por su presunta responsabilidad en la venta de respiradores defectuosos durante la emergencia sanitaria provocada por el covid-19.

La detención se realizó el pasado 20 de mayo en la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de la entidad. Este hecho representa un paso significativo en el fortalecimiento del Estado de derecho y en el combate a la impunidad, especialmente en temas que involucran la salud y la vida de la población.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por la Fiscalía de Nuevo León, el alto directivo comenzó a ser investigado luego de que diversos pacientes afectados por fallas en los equipos de respiración denunciaron públicamente la situación. Según se ha informado, estos respiradores habrían sido comercializados durante los momentos más críticos de la pandemia, lo que pudo haber contribuido al agravamiento del estado de salud de varios enfermos, e incluso al fallecimiento de algunos de ellos.

Aunque aún no se ha especificado en qué entidad federativa se presentó la denuncia formal, el imputado será puesto a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

Este caso subraya la responsabilidad que tienen las empresas nacionales e internacionales de actuar con ética y apego a los más altos estándares de calidad, especialmente en contextos de emergencia sanitaria. En este sentido, las autoridades mexicanas han dejado claro que ningún acto de negligencia, sin importar el nivel corporativo o económico del implicado, quedará sin la debida atención de la justicia.

Hasta el momento, Philips México y su casa matriz en los Países Bajos no han emitido una postura oficial. No obstante, el proceso judicial continuará con total transparencia y apego al debido proceso, garantizando los derechos tanto de las víctimas como del imputado.

El Gobierno de México, en coordinación con las fiscalías estatales, mantiene una política clara de protección a la ciudadanía, especialmente en situaciones donde la salud pública ha estado en juego. Esta acción es ejemplo de la firme voluntad de actuar sin distinciones, garantizando que la justicia alcance a todos por igual, y fortaleciendo la confianza de la población en sus instituciones.