Remesas bajo ataque: Trump contra los migrantes

La irrupción de Donald Trump en la política estadounidense ha significado, desde sus inicios, una constante amenaza para los derechos humanos, los tratados internacionales y, por supuesto, para los millones de migrantes que con trabajo honesto sostienen sectores clave de la economía del país vecino. Hoy, en un nuevo capítulo de su infame cruzada antimigrante, ha impulsado una propuesta profundamente discriminatoria: un impuesto del cinco por ciento a las remesas enviadas por trabajadores indocumentados. Aunque su aprobación en el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes aún no representa una victoria legislativa definitiva, sí constituye una peligrosa advertencia sobre el rumbo que pretende tomar la ultraderecha estadounidense.

Este impuesto no es sólo una idea insensata —como muchas de las que han salido de la mente de Trump—, sino una agresión directa a millones de familias en América Latina y, en particular, en México. Como bien lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, imponer este gravamen no solo atenta contra los principios básicos de justicia fiscal, sino que viola un acuerdo bilateral firmado en 1994 entre México y Estados Unidos para evitar precisamente la doble tributación. No se trata de una diferencia de opiniones políticas o de una medida técnica mal calibrada. Es, simple y llanamente, un acto de discriminación.

Los trabajadores migrantes, indocumentados o no, ya pagan impuestos en Estados Unidos. De hecho, muchos de ellos pagan tasas que oscilan entre el 10 y el 37 por ciento, como lo ha explicado el secretario de Hacienda, Edgar Amador. Sin embargo, por su estatus migratorio irregular, no tienen acceso a beneficios como la seguridad social o servicios de salud pública. Lo que Trump propone, entonces, es castigar dos veces a quienes ya cargan con el peso de sostener a sus familias tanto en Estados Unidos como en sus países de origen. Es doble tributación, es injusticia, y es un atropello a los derechos humanos.

Pero lo más grave no es únicamente el contenido de la medida, sino la intención detrás de ella. Trump pretende usar este nuevo ingreso fiscal para financiar el aparato represivo de la Border Patrol, aumentar la vigilancia fronteriza y continuar su obsesión con la militarización del sur estadounidense. ¿Con qué propósito? Seguir persiguiendo y hostigando a los mismos migrantes que, con su trabajo, pagan impuestos, sostienen empleos esenciales y hacen crecer la economía del país del norte. Es perverso. Es inhumano. Y es profundamente retrógrada.

Mientras tanto, los gobiernos de América Latina —con excepción del mexicano— han guardado un silencio cómplice, indiferente, cobarde. Las remesas representan una parte sustancial del PIB de muchos países centroamericanos y caribeños. Sin embargo, sus presidentes parecen más preocupados por no incomodar a Washington que por defender los derechos de sus propios ciudadanos. México, en cambio, ha dejado clara su postura: la Cuarta Transformación no permitirá atropellos ni discriminación contra nuestros connacionales.

La presidenta Sheinbaum, con firmeza y dignidad, ha reiterado que este tipo de medidas dañan la relación bilateral, afectan a las familias que dependen de las remesas y constituyen una violación flagrante de acuerdos internacionales. No es una declaración retórica: es una advertencia seria, respaldada por la razón jurídica y por el compromiso ético de proteger a los mexicanos, sin importar en qué rincón del mundo se encuentren.

A este escenario se suma otra figura siniestra: Ronald Johnson, nuevo embajador de Estados Unidos en México, ex agente de la CIA y coronel del ejército. Su perfil, lejos de augurar diálogo y cooperación, revela una intención clara de imponer la lógica militarista que tanto daño ha hecho a América Latina. ¿Es este el interlocutor que el pueblo mexicano merece? ¿Alguien que viene más armado de órdenes que de propuestas, más de amenazas que de diplomacia?

Pero, afortunadamente, no todo es sumisión en el Congreso estadounidense. El caucus hispano en la Cámara de Representantes ha alzado la voz, liderado por Adriano Espaillat, quien con contundencia ha calificado el impuesto como discriminatorio y punitivo. Su señalamiento es crucial: esta medida crearía un sistema fiscal de dos niveles, donde los migrantes —especialmente los latinoamericanos— serían castigados simplemente por su origen y estatus.

La derecha estadounidense, al igual que la mexicana representada por Xóchitl Gálvez, el PAN y sus aliados, comparte una obsesión por criminalizar la pobreza, perseguir a los débiles y proteger a los poderosos. Es la misma lógica neoliberal que durante décadas convirtió a nuestros pueblos en fábricas de migrantes, expulsados por la desigualdad, la corrupción y la violencia generada por regímenes que ellos mismos impusieron o apoyaron.

Hoy, gracias al proyecto de nación que encabeza la Cuarta Transformación, México ha recuperado dignidad, soberanía y voz en el concierto internacional. No nos callamos ante los abusos, no cedemos ante la presión y no retrocedemos ante los desafíos. Lo que está en juego no es solo un impuesto, sino el principio de justicia que debe regir toda relación entre naciones.

Y mientras Trump amenaza a empresas como Walmart por subir los precios, como si no entendiera cómo funciona el capitalismo que tanto idolatra, en México trabajamos para garantizar precios justos, estabilidad económica y bienestar para el pueblo. Aquí no hacemos show. Aquí se gobierna con responsabilidad, con justicia social y con principios.

La embestida fiscal de Trump es una más de sus muchas aberraciones, pero también es una oportunidad para que México y sus aliados construyan una voz unificada en defensa de los migrantes. No se trata solo de dinero. Se trata de derechos. Se trata de dignidad. Y en esa lucha, la Cuarta Transformación estará siempre del lado correcto de la historia.