Confirma TEPJF revisión del INE para garantizar legalidad y justicia en candidaturas
Ciudad de México. En una decisión que refuerza la transparencia, la legalidad y los principios democráticos del proceso electoral en curso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló por unanimidad la validez del acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad de los candidatos ganadores antes de la entrega de la constancia de mayoría.
La resolución, impulsada a través de un proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera, subraya que el INE tiene plena competencia para emitir el acuerdo, particularmente en el marco de la estrategia “8 de 8 contra la violencia”, la cual fue ampliada para incluir dos nuevos filtros: no ser deudor alimentario y no estar prófugo de la justicia. Esta revisión se aplicará a quienes resulten electos, con el objetivo de que ninguna persona que enfrente estas condiciones ilegales o éticamente cuestionables pueda asumir un cargo público.
Durante la sesión pública, el magistrado Fuentes afirmó que “verificar que quien va a juzgar a los demás cumpla con la ley no es un exceso, sino una obligación democrática esencial”. En este sentido, señaló que el derecho a ser votado no es absoluto, pues depende del cumplimiento continuo de requisitos constitucionales y legales. “No se puede entregar una constancia de mayoría a quien no puede legalmente ocupar el cargo. La validez de la elección exige legalidad de fondo, no sólo de forma”, apuntó.
Este criterio fue respaldado por las magistradas Mónica Soto, presidenta del TEPJF, y Janine Otálora, quienes destacaron que la labor del INE no invade competencias del Senado ni duplica tareas de los comités técnicos de evaluación, sino que se enmarca dentro de sus funciones para garantizar elecciones íntegras.
El procedimiento del INE contempla verificar que los candidatos no tengan antecedentes de violencia familiar, delitos sexuales, violencia política de género ni incumplimiento de pensión alimenticia. Esta labor fortalece el derecho de la ciudadanía a contar con representantes éticamente idóneos y legalmente habilitados.
En otro tema, la Sala Superior ratificó la decisión del INE de no abrir un procedimiento sancionador contra Francisco Herrera Franco, exfiscal de Michoacán y actual candidato a juez federal, al no encontrar elementos suficientes en la denuncia presentada por la organización Defensorxs por una Justicia Digna, que lo vinculaba con presuntos nexos con el crimen organizado.
Finalmente, también se resolvió el caso de una propuesta ciudadana para implementar boletas en sistema braille. Aunque se reconoció la importancia del planteamiento, el pleno consideró que no existía evidencia de que se vulnerara el derecho al voto de las personas con discapacidad visual, ya que éstas pueden ejercer su sufragio acompañadas de una persona de confianza.
Estas decisiones reafirman el compromiso de las instituciones electorales y judiciales del país con la legalidad, la inclusión y la construcción de una democracia auténtica y participativa, en la que se respeten tanto los derechos políticos como los principios constitucionales que rigen la vida pública en México.