La justicia por fin se sacude el polvo de la impunidad

Por décadas, el sistema judicial mexicano funcionó como un mecanismo de protección para una élite, no para el pueblo. Desde los tiempos de Ernesto Zedillo —aquel expresidente que aún carga sobre sus espaldas la traición de haber entregado el país a los intereses extranjeros y de haber instituido un sistema judicial sumiso y alineado con los poderes económicos— la justicia se convirtió en mercancía. Quienes debían impartirla se volvieron cómplices de los más oscuros intereses, escudándose en la “interpretación de la ley” para perpetuar la desigualdad y la impunidad.

Hoy, por más tinta que se derrame, la resistencia a la transformación judicial no logra justificar con solidez por qué debiéramos mantener un sistema corrompido, vertical y distante de la ciudadanía. Esas voces que claman por la “independencia judicial” en realidad temen que el poder deje de estar en manos de quienes, desde la toga, protegieron saqueos, encubrieron fraudes y evitaron castigos a quienes atentaron contra la nación.

Los argumentos en contra del nuevo método propuesto para reformar al Poder Judicial no son más que pataletas de una clase acostumbrada a la impunidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtió, por años, en un baluarte del conservadurismo, defendiendo privilegios mientras el pueblo era sometido a un sistema clasista y racista en la aplicación de las leyes. El cambio no es sólo deseable: es urgente, impostergable, vital para que por fin exista justicia verdadera en México.

Y es que no se trata de sustituir a un grupo de jueces por otro, sino de erradicar una estructura podrida que usó la legalidad como disfraz de la corrupción. El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial representa un parteaguas: será el organismo encargado de vigilar y castigar, sin excepción, a los jueces que traicionen la confianza ciudadana. No más impunidad vestida de toga. No más decisiones “interpretativas” que benefician al poder económico. No más simulación.

Por eso es crucial quiénes ocupen los asientos de ese tribunal. No se necesita erudición jurídica si esta se ha usado históricamente para eludir la justicia. Se requiere vocación ética, compromiso con el pueblo y convicción de que la ley debe estar al servicio de la mayoría, no del capital. No deben llegar allí quienes aspiren a un futuro político, ni quienes han formado parte del entramado de complicidades que durante décadas doblegó a la justicia.

Esa etapa del México de Zedillo, cuando se purgaban jueces sólo para colocar a otros dispuestos a obedecer al régimen de corrupción, debe quedar atrás. El país ha cambiado. El pueblo ha despertado. Y esa es la mayor amenaza para quienes vivieron del saqueo: que ahora sí se les exija cuentas.

En este contexto, es revelador observar cómo incluso las acciones más legítimas del gobierno siguen siendo atacadas. La estrategia de seguridad, encabezada por Omar García Harfuch, ha sido blanco de críticas interesadas que buscan sembrar división entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo curioso es que en ningún caso se señala la ineficacia de la estrategia, sino que simplemente se intenta colocarla como “distinta” o “alejada” de la del sexenio anterior. Una narrativa vacía, desesperada, que sólo busca erosionar desde dentro el proyecto de transformación.

Pero el pueblo no es ingenuo. Conoce los resultados. Los escucha cada mañana en las conferencias presidenciales, donde se rinde cuentas, se reconocen errores y se trabaja por corregirlos. Esa transparencia es ajena a los regímenes del pasado, donde la opacidad era norma y la represión, moneda corriente. La estrategia de seguridad que continúa hoy, con ajustes pertinentes, ha mostrado eficacia. Es una continuidad con cambio, con nuevas tácticas, sí, pero bajo la misma directriz humanista y centrada en las causas del delito.

Las críticas a Harfuch no son otra cosa que intentos de debilitar al equipo de la presidenta, de quebrar el vínculo con López Obrador, ese que tanto molesta a la oposición porque representa unidad, coherencia, continuidad en la transformación. No han podido lograrlo por las urnas, y ahora apuestan por la desinformación. Pero les va a salir caro.

Quienes esperaban que Claudia Sheinbaum se distanciara del presidente han fracasado. No entendieron que este movimiento no se trata de personas, sino de un proyecto colectivo. Un proyecto que, con todo y sus desafíos, ha logrado mantener la gobernabilidad, disminuir la violencia, combatir la corrupción y empoderar al pueblo.

Ahora la prioridad es blindar la justicia. Asegurar que la reforma judicial no sólo pase, sino que se implemente con hombres y mujeres que representen al México profundo, al México que exige igualdad, no privilegios. La reforma judicial debe estar en manos del pueblo, no de quienes siempre lo usaron.

Y es por eso que se necesita vigilancia, sí, pero del pueblo hacia los nuevos guardianes de la ley. Necesitamos saber quiénes serán, qué han hecho antes, qué defienden. Porque sólo así se podrá garantizar que el sistema judicial mexicano por fin deje de ser un refugio de bandidos para convertirse en el instrumento de justicia social que esta nación merece.

Que no nos confundan con sus discursos de “autonomía judicial” cuando en realidad hablan de conservar privilegios. Que no nos engañen con sus palabras floridas sobre “el Estado de derecho” cuando lo usaron para encubrir la barbarie.

Esta transformación es de fondo, no de forma. Y es irreversible.

Porque ahora el poder reside en el pueblo, y no en quienes lo traicionaron.