Impulsan en Baja California penas más severas contra el robo y manejo ilegal de catalizadores
Mexicali, BC – En una acción decisiva para enfrentar una problemática que impacta tanto al medio ambiente como a la seguridad de la población, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California, Juan Manuel Molina García, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal con la que busca castigar con mayor severidad el robo de catalizadores y su manejo indebido sin autorización ambiental.
El legislador de Morena propuso imponer penas de uno a tres años de prisión, así como multas que van desde 50 hasta mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quienes roben catalizadores de vehículos automotores o gestionen estos residuos sin contar con los permisos establecidos por las autoridades ambientales.
Molina García argumentó que el robo de catalizadores, además de causar perjuicios económicos a los propietarios de vehículos, contribuye a elevar los niveles de contaminación del aire. “Los vehículos sin estos dispositivos emiten gases contaminantes muy por encima de los límites permitidos por la ley. Además, su ausencia también contribuye a la contaminación auditiva, lo que agrava aún más el impacto ambiental”, explicó.
Los catalizadores son dispositivos esenciales para el control de emisiones, ya que están compuestos de metales preciosos como platino, paladio y rodio. Su creciente valor en el mercado ha provocado un aumento alarmante en su robo, lo que ha derivado en un auge en el comercio ilegal de estas piezas y una amenaza al medio ambiente por el manejo inadecuado de sus residuos.
Por ello, la iniciativa del congresista no solo busca sancionar con más rigor el acto delictivo del robo, sino también regular integralmente la gestión, comercialización y disposición de catalizadores. En este sentido, propone adicionar un nuevo artículo al Código Penal del Estado para garantizar que toda persona física o moral que intervenga en la cadena de manejo de catalizadores cuente con la debida autorización ambiental.
“Esta reforma tiene como propósito no solo garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino también proteger el medio ambiente frente a prácticas que lo ponen en riesgo. Queremos poner un alto al mercado negro de catalizadores y a quienes, sin regulación ni responsabilidad, manejan estos residuos de forma ilegal”, expresó Molina García.
La propuesta ha sido bien recibida por diversos sectores sociales y ambientales que han señalado la urgencia de atender este fenómeno. Con este esfuerzo legislativo, Baja California avanza hacia un marco legal más robusto que promueva la justicia ambiental y combata eficazmente los delitos que afectan el bienestar colectivo.