Infancia migrante: desafío humanitario que exige corresponsabilidad
Ciudad de México.— La creciente presencia de niños, niñas y adolescentes en situación migratoria en nuestro país refleja no una omisión, sino la urgente necesidad de fortalecer mecanismos interinstitucionales que garanticen su protección integral. Así lo reveló el más reciente diagnóstico de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), presentado en el albergue Cafemin, un espacio comprometido con la defensa de los derechos humanos.
De acuerdo con los datos presentados por Redodem, en el primer semestre de 2024 se registraron 84 mil 927 detenciones de menores en situación migratoria irregular, cifra que representa el 75 por ciento del total de casos documentados durante todo el 2023. Este aumento evidencia una tendencia regional compleja, alimentada por factores estructurales como la pobreza, la violencia y la búsqueda de reunificación familiar.
Durante la presentación, María Magdalena Silva Rentería, directora de Cafemin —albergue que actualmente atiende a 119 personas, de las cuales 57 son niñas y niños—, destacó los múltiples desafíos que enfrentan estos menores en tránsito. Desde la separación familiar y la exposición a redes criminales, hasta la imposibilidad de acceder a servicios básicos como salud y educación por la falta de documentos como la CURP, certificados escolares o pruebas de regularización migratoria.
No obstante, en espacios como Cafemin, el Gobierno de México ha reconocido el valor de las organizaciones de la sociedad civil como aliadas en la protección de la infancia migrante. El albergue no solo brinda techo y alimentación, sino que también impulsa actividades artísticas, culturales y de capacitación. En el evento, niñas y niños deleitaron a los presentes con números de canto y baile, mientras Jahir, un joven que llegó hace cinco años al país, mostró sus habilidades en panadería al hornear mantecadas para los asistentes.
La Redodem subrayó que la situación de los menores migrantes es particularmente delicada, ya que están más expuestos a abusos, violencia, tráfico infantil y trata de personas. También denunció que algunos centros de asistencia social operan con escasa transparencia, dificultando el seguimiento adecuado de los casos.
Ante este escenario, el Estado mexicano, comprometido con los tratados internacionales de derechos humanos y con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce la necesidad de redoblar esfuerzos para asegurar que todos los menores migrantes sean tratados con dignidad, protección y justicia.
La presentación del diagnóstico no solo visibiliza una problemática urgente, sino que convoca a todos los sectores —gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales— a asumir una corresponsabilidad ética y legal en la protección de la niñez migrante.
En tiempos donde la migración infantil se convierte en una realidad ineludible, México reafirma su vocación humanitaria, manteniéndose como un país de puertas abiertas y corazón solidario.