Gasolina a precio justo: Gobierno refuerza acuerdo con concesionarios sin imponer sanciones

Ciudad de México.— En un ejercicio de gobernanza basada en el diálogo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el gobierno federal no impondrá sanciones a las estaciones de servicio que aún no se han sumado al acuerdo voluntario para mantener el precio de la gasolina regular en un máximo de 24 pesos por litro. En cambio, reiteró que se apostará por la transparencia y el respaldo ciudadano, exhibiendo a las gasolineras que no respeten este compromiso durante las conferencias matutinas en Palacio Nacional.

“El acuerdo con los concesionarios fue voluntario, no estamos imponiendo, pero sí informando a la ciudadanía para que sepa dónde comprar gasolina a precio justo”, señaló la mandataria al ser cuestionada sobre la medida que ya ha logrado mantener estable el costo del combustible para millones de mexicanas y mexicanos.

Sheinbaum destacó que aproximadamente el 90 por ciento de las estaciones ya cumplen con el tope de 24 pesos, reflejo de una gran disposición del sector privado por sumarse al bienestar colectivo. Para aquellas estaciones que persisten en vender por encima del precio acordado, el gobierno federal optará por hacer pública la información, para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas. “Es un llamado a la corresponsabilidad”, puntualizó.

En una muestra clara del enfoque cooperativo que caracteriza a la actual administración, la presidenta adelantó que se trabaja en una ampliación del acuerdo con los concesionarios, que incluirá beneficios concretos para el sector. “Les vamos a ayudar, sin poner en riesgo a la gente, deben tener seguridad e impacto ambiental, pero que se mantenga el precio en 24 pesos”, explicó, al tiempo que dejó claro que el acompañamiento gubernamental en trámites para la operación y apertura de nuevas gasolineras será parte de los incentivos para quienes mantengan su compromiso con el pueblo.

Esta política, basada en la colaboración y no en la imposición, fortalece la economía de las familias mexicanas y protege su poder adquisitivo ante los embates internacionales del mercado energético. La estrategia forma parte de una visión amplia de bienestar y desarrollo sustentable, en la que el Estado y la iniciativa privada caminan juntos para ofrecer servicios accesibles y seguros.

La medida también evidencia el firme compromiso del gobierno de la Cuarta Transformación con la justicia social y la transparencia, al poner en manos del pueblo la información necesaria para tomar decisiones conscientes y responsables sobre su consumo diario.

Así, el gobierno de México avanza hacia un país donde los acuerdos con sentido social, y no la imposición, marcan la ruta del desarrollo compartido.