México avanza contra la tortura: instalan Comité para seguimiento del programa nacional
Ciudad de México.– En un paso decisivo hacia la erradicación de la tortura y el fortalecimiento de los derechos humanos, este jueves fue instalado el Comité Directivo de Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) en febrero pasado.
La instalación del comité representa un compromiso firme del Gobierno de México en la construcción de un país sin tortura y con pleno respeto a la dignidad humana. Así lo expresó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, al encabezar la primera sesión ordinaria del órgano junto con el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Froylán Enciso, y la directora general de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, Claudia Galindo.
Durante la sesión se designó como secretaria técnica del Comité Directivo a Yuriria Álvarez, administradora especial de Apoyo al Seguimiento a los Programas de Política Pública de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos. Su nombramiento garantiza la continuidad y solidez técnica del seguimiento al plan nacional.
El Comité también contó con la participación de la fiscal especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y del representante de la FGR, José Antonio Pérez. Asimismo, estuvo presente Alan García Campos en representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo cual refuerza la colaboración internacional y el acompañamiento institucional en este proceso.
De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación, este comité es un órgano colegiado cuya misión es “verificar los avances en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional; así como emitir observaciones, recomendaciones y lineamientos para su funcionamiento”.
Está integrado por 25 representantes provenientes de los tres Poderes de la Unión, organismos autónomos y miembros de la sociedad civil organizada, lo que asegura una vigilancia plural, inclusiva y participativa en la aplicación de este instrumento clave para la política pública en materia de derechos humanos.
El Gobierno de México reitera, con esta acción, su indeclinable voluntad de combatir la tortura y erradicar cualquier trato inhumano o degradante dentro del sistema de justicia. A través del trabajo coordinado entre instituciones y el acompañamiento de actores sociales y organismos internacionales, se avanza hacia una política de cero tolerancia que garantice el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas.
Con esta iniciativa, el Estado mexicano reafirma su convicción de promover una justicia basada en el respeto a la ley, la verdad y la dignidad humana, pilares esenciales para consolidar un país más justo, seguro y democrático.