Basta de agiotismo bancario: la 4T por un crédito justo

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum reitera una y otra vez su llamado firme —aunque diplomático— para que los bancos privados en México bajen sus obscenas tasas de interés, la respuesta de los barones del dinero ha sido la misma de siempre: absoluto desprecio. Lo que se presenta como una exhortación razonable y justa, basada en la necesidad de dinamizar la economía nacional sin poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero, es recibido por los dueños del capital como quien escucha llover: sin inmutarse, sin intención alguna de corregir el rumbo.

Y es que, para estos gigantes financieros, el negocio es redondo y su rentabilidad se sostiene —o más bien se alimenta vorazmente— del agio. Durante los primeros once meses de 2024, los bancos privados que operan en el país registraron ingresos por intereses por un billón 633 mil 790 millones de pesos. Esta cifra, inédita en los registros históricos, representa un incremento real del 6.6% respecto al mismo periodo de 2023, cuando de por sí ya se habían embolsado un billón 465 mil 983 millones. Esta no es una industria en crisis, ni mucho menos: es una industria que crece a costa del ahorcamiento financiero de millones de mexicanas y mexicanos.

Estos ingresos por intereses no sólo resultan exorbitantes: son desproporcionadamente superiores a lo que cabría esperar en una economía en crecimiento moderado. Para ponerlo en perspectiva: lo que ganaron los bancos por concepto de intereses equivale a dos quintas partes de toda la recaudación fiscal federal en el mismo lapso. Sí, dos quintas partes del esfuerzo recaudatorio del Estado fueron igualadas por las ganancias de un puñado de instituciones bancarias, muchas de ellas extranjeras, cuya prioridad no es el bienestar nacional, sino la maximización de ganancias, aunque eso implique dejar sin oxígeno financiero a las pequeñas y medianas empresas mexicanas.

No es coincidencia que entre los mayores beneficiarios de este festín financiero se encuentren trasnacionales como BBVA y Santander (España), Banamex (Estados Unidos), HSBC (Reino Unido) y Scotiabank (Canadá). A estas se suman los sospechosos de siempre dentro del ámbito nacional: Banorte, de la familia Hank, e Inbursa, propiedad de Carlos Slim. Este ramillete de instituciones financieras obtuvo, tan solo por los réditos derivados de los préstamos, 728 mil 463 millones de pesos en ese periodo. En total, su tajada del pastel fue de un billón 207 mil 537 millones.

El caso de las tarjetas de crédito es particularmente ilustrativo del abuso sistémico. Algunas tasas de interés superan hasta en 20 veces la inflación registrada de enero a noviembre de 2024, que fue de 2.9%. El caso más escandaloso es el de Banco Azteca, cuyo “plástico oro” cobra una tasa de interés sin IVA de 119%, es decir, 41 veces por encima del nivel inflacionario. Esto no es oferta y demanda. Esto es usura moderna, legalizada por un sistema que ha normalizado el despojo financiero.

Ante este escenario, la insistencia de la presidenta Sheinbaum no es una simple cortesía: es un acto de responsabilidad política. Ella sabe —como lo sabe cualquier economista serio— que no puede haber desarrollo justo y sostenible sin acceso real al crédito. Las pequeñas y medianas empresas, que son el motor del empleo y la innovación, enfrentan hoy barreras casi infranqueables para acceder a financiamiento. Esto no es eficiencia de mercado; es una política deliberada de exclusión económica.

No es la primera vez que desde el Ejecutivo se hace este llamado. Ya desde el sexenio de Vicente Fox, y de manera más insistente desde los tiempos del Banco de México bajo Agustín Carstens, se han emitido decenas de exhortos a la banca privada para reducir comisiones e intereses. ¿Resultado? Cero. Las tasas han seguido subiendo, los márgenes de intermediación se han ampliado y las comisiones se han multiplicado. La banca privada ha respondido a estos llamados con desprecio y soberbia, protegida por su alianza histórica con los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN, que nunca tocaron sus privilegios.

Por eso, llama la atención que aún persistan personajes del viejo régimen incrustados en puestos clave de la administración pública. Tal es el caso de Wilhem Hagelsieb Garza, vocero de la Secretaría de Hacienda, con antecedentes en Pemex y la Sener durante el sexenio de Calderón, y más tarde en Banobras, la Semarnat y la Conanp con Peña Nieto. ¿Qué hace un operador prianista en una institución que ahora debe responder a las prioridades de la Cuarta Transformación? Esta es una pregunta que deberá responder Edgar Amador Zamora, el nuevo titular de la SHCP, quien tiene en sus manos una oportunidad histórica para limpiar la casa.

Es hora de que la 4T dé un paso más allá del exhorto. La regulación financiera debe volverse una prioridad legislativa y ejecutiva. El Estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos frente a los abusos de actores económicos privados que, en nombre de la “libertad de mercado”, perpetúan esquemas de desigualdad e injusticia. Ya no basta con invitar cortésmente a los banqueros a reducir sus tasas; hay que crear incentivos reales para un crédito justo y mecanismos que penalicen la usura.

A esto se suma la urgencia de fortalecer la banca pública. El Banco del Bienestar ha demostrado que es posible construir una alternativa que priorice el bienestar social por encima del lucro. Es momento de expandir su capacidad, de permitirle competir directamente en el otorgamiento de crédito a tasas accesibles, y de utilizar su infraestructura para fomentar el ahorro popular y el financiamiento a proyectos productivos comunitarios.

La Cuarta Transformación no puede ser rehén de los intereses bancarios. Si queremos un país verdaderamente justo, necesitamos un sistema financiero al servicio del pueblo y no de las élites. La presidenta Sheinbaum ha mostrado claridad al respecto. Ahora, corresponde a todos los niveles del gobierno y al Poder Legislativo acompañarla en esta cruzada, para terminar con el agiotismo bancario que tanto daño ha hecho a México.

Porque la justicia social también pasa por el bolsillo, y no puede haber transformación sin romper las cadenas del crédito usurero.