México fortalece estrategia hídrica ante retos del Tratado de Aguas

Ciudad de México. En un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos debido a la sequía y el crecimiento poblacional, el Gobierno de México refuerza su compromiso con el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, firmado con Estados Unidos, mediante una serie de acciones estratégicas que buscan garantizar la soberanía hídrica nacional y preservar la cooperación binacional en materia de agua.

A seis meses de concluir el ciclo quinquenal 36 del acuerdo —que abarca del 25 de octubre de 2020 al 24 de octubre de 2025—, México aún debe entregar mil 600 millones de metros cúbicos de los 2 mil 160 millones establecidos como compromiso con Estados Unidos por el agua del río Bravo y sus afluentes: Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y el arroyo de las Vacas. El tratado también establece acuerdos específicos sobre el manejo de los ríos Colorado y Tijuana.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad de Texas subrayan que, aunque México cuenta con mecanismos institucionales sólidos para hacer cumplir el tratado, es prioritario resolver desafíos locales como las sobreconcesiones, la modernización de los distritos de riego y el control de pozos ilegales, especialmente en estados fronterizos.

Gonzalo Hatch Kuri, profesor del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, explicó que el gobierno mexicano dispone de instrumentos diplomáticos como el acta 234, firmada en 1969, que permitiría diferir la entrega del volumen pendiente al siguiente ciclo, el número 37, dado que no existió un déficit continuo en ciclos anteriores, como el ciclo 35. Esta opción es legalmente válida y muestra la capacidad del país para manejar el tratado con responsabilidad y previsión.

Como segunda alternativa, señaló Hatch Kuri, se podría aplicar el acta 331, firmada en 2024, que permite cubrir la entrega con excedentes de agua en los ríos San Juan —donde se localiza la presa El Azúcar— y el Álamo, que alberga la presa Las Blancas. No obstante, advirtió que esta opción requiere de una negociación previa con los concesionarios, para evitar tensiones como las ocurridas en 2020 en San Francisco de Conchos, Chihuahua, durante el conflicto por la presa La Boquilla.

El académico también hizo énfasis en la necesidad de actualizar la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, para limitar las sobreconcesiones y garantizar un acceso equitativo al agua. Esta propuesta se alinea con la visión del actual gobierno de tecnificar los distritos de riego, lo cual permitirá ahorrar importantes volúmenes de agua que podrían destinarse al cumplimiento del tratado.

Asimismo, Hatch Kuri insistió en la importancia de frenar las perforaciones ilegales, como las 12 mil detectadas en Chihuahua, un fenómeno documentado por la periodista Miroslava Breach.

Por su parte, Rosario Sánchez, investigadora de la Universidad de Texas, enfatizó que, aunque el tratado no contempla eventos climáticos extremos, como la sequía, es esencial que ambos gobiernos trabajen, junto con la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Estados Unidos, para adaptar el acuerdo a las nuevas realidades ambientales. Como ejemplo exitoso, destacó el ajuste reciente en la entrega anual de agua del Río Colorado, que benefició a México.

Estas acciones reflejan el firme compromiso del gobierno mexicano por garantizar la seguridad hídrica nacional, fortalecer la diplomacia con Estados Unidos y proteger el bienestar de las comunidades en ambos lados de la frontera.