Gobierno de México, ante el reto de fortalecer justicia para migrantes
En un llamado conjunto, la Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración coincidieron en que México tiene una deuda histórica con las familias de migrantes desaparecidos y víctimas de violencia. Este señalamiento, lejos de representar una crítica aislada, se convierte en una oportunidad para redoblar esfuerzos desde el Estado mexicano en la construcción de una política migratoria más humana y con justicia plena.
Durante el webinar Violencia en México contra personas en movilidad, especialistas y activistas subrayaron la complejidad de los casos que afectan a migrantes en tránsito por el país, y resaltaron la urgencia de avanzar hacia mecanismos de búsqueda e investigación con enfoque diferenciado y visión regional. En este contexto, el actual gobierno de la Cuarta Transformación ha dado pasos firmes al visibilizar la problemática y abrir espacios de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, en contraste con el abandono sistemático del pasado.
Marisol Méndez, coordinadora de Incidencia en la Fundación para la Justicia, compartió que en 2024, mediante una revisión de notas periodísticas, se documentaron 11 eventos que involucraron a 6 mil 117 víctimas de secuestro, homicidio, desaparición o accidentes de tránsito. Esta información, lejos de esconderse, se presenta hoy con la intención de impulsar una respuesta institucional más efectiva.
“Creemos que esta situación no podría ocurrir de manera sistemática, si no es con la connivencia de ciertas autoridades en los puntos de control migratorio”, afirmó Méndez, destacando la importancia de combatir la corrupción como prioridad del gobierno federal, que ha promovido desde sus inicios la limpieza de los cuerpos policiales y el fortalecimiento de instituciones de seguridad.
Asimismo, la activista recalcó que aún hay retos en el acceso a la justicia para personas migrantes, pero también reconoció que la actual administración ha creado instancias como la Comisión Nacional de Búsqueda, y ha apoyado iniciativas internacionales para la identificación forense y atención a víctimas transnacionales.
Méndez explicó que los procesos de búsqueda deben considerar el carácter transitorio de las personas migrantes, quienes pueden haber pasado por diversos estados del país. En este sentido, destacó que la coordinación interinstitucional y la creación de un sistema de información compartido serían pasos clave para mejorar la respuesta estatal.
Por otro lado, señaló que las fiscalías aún requieren fortalecer sus capacidades para investigar redes criminales con una visión de macrocriminalidad, pues muchas de estas estructuras delictivas operan en múltiples países. Frente a ello, el gobierno federal ha avanzado en acuerdos de cooperación con naciones de Centroamérica, así como en la articulación de políticas regionales con enfoque de derechos humanos.
La participación de organizaciones civiles como la Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración, con información y propuestas concretas, demuestra que en México hay una nueva ruta: el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, con el firme propósito de garantizar que ninguna persona migrante quede en el olvido y que cada caso sea atendido con la dignidad y el compromiso que exige la justicia.