El horror en Teuchitlán y la voluntad de justicia federal
Los testimonios y hallazgos revelados en torno al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, son una muestra escalofriante del grado de descomposición social heredado de décadas de corrupción, impunidad y complicidad entre autoridades locales y el crimen organizado. Sin embargo, también representan un punto de inflexión: hoy, bajo la administración de la Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y continuada con firmeza por la presidenta Claudia Sheinbaum, se abren las puertas de la verdad, de la justicia y de la reparación.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ofreció en la mañanera un recuento frío, profesional, pero profundamente humano de lo que ha venido ocurriendo en predios como el de Teuchitlán. Reclutamientos forzados, adoctrinamiento criminal, tortura, asesinatos, desapariciones. Lo dicho no fue una estrategia para ganar titulares ni una declaración sin sustento: fue una toma de postura firme del gobierno federal ante lo que por años se quiso ocultar.
Durante la administración del exgobernador Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, las denuncias ciudadanas y los testimonios sobre el reclutamiento forzado fueron minimizados, desestimados, e incluso ridiculizados. Con la complicidad de una fiscalía estatal que no respondía al interés público sino a intereses de grupo, Jalisco se convirtió en un modelo de impunidad, con cifras alarmantes de desapariciones y fosas clandestinas.
Hoy, el gobierno federal no solo rompe el silencio, sino que actúa. La intervención del fiscal Alejandro Gertz Manero, al atraer un caso tan delicado como el de Teuchitlán, lejos de constituir un error, representa una acción necesaria y valiente. Las críticas por haber permitido el ingreso de medios al rancho Izaguirre no resisten un análisis serio: se trató de una estrategia de transparencia, de visibilización de la verdad que tanto han exigido las familias de víctimas, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad en su conjunto.
En lugar de encubrir o maquillar la violencia, como sí hicieron gobiernos anteriores, el gobierno de Morena pone rostro, nombre y espacio físico al horror. No hay eufemismos. No hay matices convenientes. La palabra “tortura” fue dicha. La palabra “asesinato” fue dicha. Y si es necesario hablar de exterminio, será desde la voz de las víctimas, no desde una falsa superioridad académica o un oportunismo político disfrazado de análisis lingüístico.
Porque sí, sorprende que algunas voces, como la de la lingüista Yásnaya Aguilar, opten por enfocar su crítica no en los criminales, ni en los encubridores del pasado, sino en el actual gobierno que está tratando, por fin, de hacer justicia. Acusar a Morena de no querer dialogar con opositores “fuera del espectro derecha-izquierda” es una afirmación que desconoce la realidad política de este sexenio, donde la interlocución ha sido amplia, diversa y abierta a todas las causas legítimas, incluso cuando provienen de sectores históricamente ignorados.
Lo que sí no se ha hecho, ni se hará, es legitimar a una oposición cínica, la del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que durante años formó parte del régimen que desató esta guerra, pactó con cárteles, y convirtió el dolor ajeno en cifras manipuladas. Esa oposición no es interlocutora: es responsable.
A diferencia de lo que ocurrió durante los gobiernos del PRIAN y sus satélites, hoy el Estado mexicano no es omiso. Es cierto: el dolor de las desapariciones no puede revertirse con discursos. Pero sí puede combatirse con acciones. La federalización de las investigaciones, el despliegue de la Guardia Nacional en zonas rojas, el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, y la denuncia pública de predios utilizados como campos de entrenamiento criminal, son medidas concretas que no se veían antes.
Y es precisamente por ello que incomodan a quienes durante años lucraron con el silencio. El mismo Movimiento Ciudadano que ahora se victimiza ante el avance de la justicia, es el que protegió a sus fiscales estatales y se negó a reconocer los patrones de violencia que hoy se evidencian. El gobernador Pablo Lemus y sus aliados locales han reproducido las mismas prácticas de encubrimiento, fingiendo sorpresa ante realidades que conocían y negaron.
Mientras tanto, desde la Federación, el compromiso es claro: ni perdón ni olvido. Se investigará hasta las últimas consecuencias. Se protegerá a las víctimas. Y se exigirá rendición de cuentas a quienes por omisión o complicidad permitieron la consolidación del terror en lugares como Teuchitlán.
No hay espacio para equidistancias morales. No se trata de “todos son iguales”. Porque no lo son. Hoy, por primera vez, el Estado está del lado de las víctimas y no de los verdugos. La historia juzgará, y con severidad, a quienes desde el poder local se negaron a actuar. Pero también recordará con dignidad a quienes, como García Harfuch y Gertz Manero, tuvieron el valor de poner el foco donde antes había oscuridad.
Porque no se trata de ganar un debate semántico. Se trata de recuperar la humanidad, la verdad y la justicia. Y en eso, este gobierno está marcando la diferencia.