México avanza en justicia ambiental pese a desafíos en transparencia
Ciudad de México. A pesar de los desafíos en materia de acceso a la información, México continúa fortaleciendo su compromiso con la justicia ambiental y los derechos humanos a través de la participación de diversos sectores de la sociedad, aseguró Violeta Mendezcarlo Silva, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Durante el Cuarto Seminario de Criminología Verde en México, organizado por la UNAM, la experta destacó la importancia del Acuerdo de Escazú, firmado por 24 países el 4 de marzo en Costa Rica. Dicho tratado representa un avance significativo al establecer principios fundamentales como transparencia, rendición de cuentas, igualdad, no discriminación y máxima publicidad en temas ambientales.
Mendezcarlo Silva reconoció que, aunque el país enfrenta retos en la implementación de estos principios, la participación activa de la sociedad civil, organizaciones gubernamentales e instituciones autónomas, como las altas cortes, ha sido clave para garantizar la rendición de cuentas y la aplicación de justicia.
“La responsabilidad está distribuida en los distintos actores. En este tipo de problemas, siendo tan complejos, requieren precisamente la incorporación e involucramiento de varios sectores de la sociedad. Solamente así vamos a poder avanzar en contra de estos retrocesos en los derechos humanos. Como se dice: ‘la democracia hay que cuidarla todos los días’”, enfatizó.
Uno de los aspectos más relevantes señalados por la especialista es la necesidad de hacer públicos los estudios sobre el estado del medio ambiente y sus amenazas. La difusión de esta información es clave para que la sociedad y otros sectores puedan tomar decisiones informadas y exigir acciones concretas en favor del medioambiente y la salud pública.
En este sentido, Mendezcarlo Silva subrayó que en México existen crímenes ambientales significativos, como la severa contaminación en el río Lerma-Santiago y el uso de pesticidas con glifosato. Estas problemáticas requieren datos abiertos y accesibles para evaluar su impacto y definir estrategias de solución que beneficien a las comunidades afectadas.
A pesar de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el año pasado, las instituciones del país han continuado trabajando para garantizar la transversalidad de los derechos humanos en la política ambiental. Este esfuerzo conjunto entre el Estado, la academia y la sociedad civil refuerza la progresividad y no regresión de los derechos ambientales en México.
Con la firma del Acuerdo de Escazú, México reafirma su compromiso internacional con la justicia ambiental y la transparencia, impulsando políticas públicas que permitan el acceso a la información y la protección del medioambiente. La colaboración entre los distintos actores es fundamental para avanzar en la consolidación de una democracia participativa que garantice el derecho de las futuras generaciones a un entorno saludable.