SCJN mantiene restricción a aspirantes del Poder Judicial por falta de un voto
En una ajustada votación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no logró invalidar la restricción legal que impide a tribunales corregir errores en los reclamos de aspirantes a cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF), un beneficio que sí reciben quienes buscan puestos en el Ejecutivo y Legislativo. La decisión se quedó a un voto de la mayoría calificada requerida, con siete ministros a favor de la invalidación y dos en contra. La ausencia de la ministra Margarita Ríos Farjat resultó clave en el resultado final.
El ministro Alberto Pérez Dayán presentó el proyecto para invalidar una porción del artículo 80, numeral 1, inciso i), segundo párrafo de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Su propuesta sostenía que la norma crea un trato diferenciado inconstitucional, al excluir a los aspirantes del PJF del derecho a la suplencia de la queja solo por contar con conocimientos jurídicos. Sin embargo, al no obtenerse los ocho votos necesarios, la norma se mantuvo vigente.
La mayoría de los ministros que apoyaron la propuesta coincidieron en que la restricción es injustificada. La ministra Yasmín Esquivel Mossa respaldó el proyecto y argumentó que la exclusión de los aspirantes al PJF afecta su derecho al debido proceso, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. En la misma línea, la ministra presidenta Norma Piña sostuvo que la norma es “sobreinclusiva” y carece de una justificación constitucional válida, pues no se fundamenta en la protección de grupos vulnerables ni en criterios legítimos de equidad procesal.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá enfatizó que el hecho de que los aspirantes al PJF sean abogados no debería impactar sus derechos fundamentales en materia de justicia. “Los juicios ciudadanos de quienes aspiran a ser juzgadores no pueden elegirse como una evaluación o una prueba de sus habilidades argumentativas”, afirmó, subrayando la necesidad de igualdad de condiciones en el acceso a la justicia.
Sin embargo, las ministras Lenia Batres y Loretta Ortiz votaron en contra del proyecto. Batres argumentó que los aspirantes al PJF no se encuentran en una situación de desventaja, sino que, por el contrario, poseen preparación y experiencia jurídica suficientes para formular adecuadamente sus reclamos sin necesidad de la suplencia de la queja. “Ello garantiza un proceso equitativo en el que no existan ventajas arbitrarias”, puntualizó.
La ausencia de la ministra Margarita Ríos Farjat fue un factor determinante en la votación, ya que su participación podría haber inclinado la balanza a favor de la invalidación de la norma. Con este resultado, se mantiene la disposición que impide a los tribunales corregir los errores en las quejas de los aspirantes al Poder Judicial, lo que sigue marcando una diferencia en el trato respecto a quienes buscan cargos en otros poderes del Estado.
Este fallo de la SCJN refuerza el criterio de que los aspirantes al PJF deben presentar sus reclamos con plena precisión técnica, sin apoyo judicial para subsanar errores, lo que algunos ministros consideran una limitación injusta y otros ven como un filtro lógico dentro del proceso de selección.