Exigen Justicia en Juicio contra Militares por Masacre en Nuevo Laredo
Nuevo Laredo, Tamps. – En un caso que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la impunidad en México, el juicio oral contra cuatro militares acusados de participar en la masacre de cinco jóvenes en febrero de 2022 avanza en el Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo reiteró su exigencia de justicia, subrayando la necesidad de garantizar un proceso transparente y justo.
El juicio, iniciado el pasado 21 de enero, involucra a los cabos de Caballería Agustín “N”, Bernardo “N”, Jorge “N” y Juan Carlos “N”. Los cuatro enfrentan cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio tras ser señalados por disparar contra los jóvenes que transitaban por el crucero de Méndez y Huasteca, supuestamente sin orden ni justificación previa.
En las primeras audiencias, el capitán de Caballería identificado como “Elio” testificó sobre los hechos. Según su declaración, ordenó el seguimiento de la camioneta en la que viajaban las víctimas, pero negó haber instruido los disparos que derivaron en las muertes. Sin embargo, admitió que no evitó las ejecuciones extrajudiciales, lo que ha generado críticas. El Comité de Derechos Humanos calificó su testimonio como un intento por eludir responsabilidades, subrayando la necesidad de que todos los implicados enfrenten la justicia.
Las familias de las víctimas, apoyadas por sus abogados, han mostrado fortaleza durante el proceso judicial, mientras el Ministerio Público continúa presentando pruebas para demostrar el abuso de autoridad y la presunta manipulación de evidencias por parte de los militares. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha desplegado un equipo de seis abogados para la defensa de los acusados, evidenciando la relevancia que este caso tiene tanto para la institución como para el sistema judicial mexicano.
El Comité de Derechos Humanos subrayó que este juicio representa un precedente crucial en la lucha contra violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad. En un comunicado, el organismo afirmó: “Las víctimas y sus familias merecen conocer la verdad y obtener justicia; no descansaremos hasta que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos”.
La importancia de este caso trasciende el ámbito local. Organismos de derechos humanos y la sociedad civil observan con atención, ya que el resultado podría fortalecer los esfuerzos para combatir la impunidad en casos similares a nivel nacional.
El juicio continuará el próximo martes 28 de enero, cuando la Fiscalía General de la República presente nuevos testigos. Mientras tanto, el Comité de Derechos Humanos aseguró que seguirá acompañando a las familias en su búsqueda de verdad y justicia, exigiendo que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.
Con este proceso, México enfrenta el desafío de demostrar que la justicia puede prevalecer, incluso en casos donde los perpetradores son miembros de las fuerzas armadas. Este juicio, más que un caso aislado, se erige como símbolo de la urgente necesidad de rendición de cuentas en un país donde las víctimas de abusos por parte de las autoridades demandan ser escuchadas.