Propuesta de la magistrada Mónica Soto garantiza continuidad en selección de juzgadores ante incumplimiento del Comité de Evaluación
Ciudad de México. La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Mónica Soto, presentó un proyecto de resolución que busca resolver el estancamiento en el proceso de selección de jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Ante la inactividad del Comité de Evaluación del Poder Judicial, Soto propuso que sea el Senado de la República quien asuma el proceso de insaculación de los aspirantes, omitiendo la fase de entrevistas debido a la falta de tiempo para llevarla a cabo.
La propuesta, presentada este fin de semana, responde a la negativa del Comité de reanudar sus actividades, a pesar de una orden previa de la Sala Superior. El Comité, en cambio, decidió recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver si puede o no seguir adelante con el procedimiento electoral de jueces y magistrados, programado para junio próximo.
Soto calificó como inadmisible el incumplimiento del Comité y planteó la implementación de una figura de “cumplimiento sustituto” para evitar afectar a los aspirantes que se inscribieron en el proceso. La propuesta establece que el sorteo de candidatos se llevará a cabo únicamente en los casos en que el número de postulantes supere las plazas disponibles. Por otro lado, en las vacantes donde no haya suficientes candidatos, los aspirantes existentes pasarán automáticamente a la boleta electoral.
El proyecto detalla que el procedimiento de selección debe concluir a más tardar el 31 de enero de 2025. Las listas resultantes serán enviadas al pleno de la SCJN para su aprobación, que deberá realizarse antes del 6 de febrero. En caso de que el órgano jurisdiccional no apruebe las listas, se activará la figura de “afirmativa ficta”, permitiendo que la Mesa Directiva del Senado remita directamente las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral (INE). Esto asegurará que las personas incluidas en las listas sean oficialmente las postuladas por el Poder Judicial de la Federación.
Con esta medida, la magistrada Soto busca salvaguardar el derecho de los aspirantes y garantizar que el proceso de selección de jueces y magistrados avance dentro de los plazos establecidos, evitando así posibles retrasos que podrían afectar el sistema judicial.
La resolución también representa un llamado de atención sobre la necesidad de que las instituciones responsables cumplan con sus obligaciones para garantizar la transparencia y la eficiencia en los procesos de selección, esenciales para la confianza ciudadana en las instituciones del país.
Este proyecto subraya el compromiso de la magistrada presidenta con la integridad del proceso judicial y la defensa de los derechos de los aspirantes, sentando un precedente en la actuación del Tribunal Electoral y el Senado de la República ante el incumplimiento de otros órganos responsables.