Justicia para Ricardo Lagunes y Antonio Díaz: Exigir verdad y responsabilidad
La desaparición forzada de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, defensores de los derechos humanos y del territorio, simboliza una tragedia profundamente arraigada en la lucha por el respeto a las comunidades indígenas y la protección del medio ambiente en México. A dos años de este hecho doloroso, sus familias, respaldadas por organizaciones civiles, han iniciado un mes de acción global para exigir su presentación con vida, la verdad sobre lo ocurrido y justicia contra la impunidad que persiste.
Un caso emblemático en la lucha ambiental
El 15 de enero de 2023, Ricardo Lagunes, abogado comprometido con los derechos humanos, y Antonio Díaz, líder nahua, fueron atacados y desaparecidos mientras regresaban de San Miguel Aquila, Michoacán. Esta comunidad ha enfrentado históricamente el despojo y la explotación de su territorio por parte del complejo minero Ternium, una de las mayores productoras de acero en América Latina. La labor de ambos defensores fue crucial en la organización y acompañamiento de la comunidad en su resistencia contra los abusos y el saqueo de los recursos naturales.
Este caso no es un incidente aislado. Según el informe de Global Witness, entre 2012 y 2023, al menos 203 defensores ambientales han sido asesinados en México, 26 de ellos víctimas de desaparición forzada. En Michoacán, uno de los estados más golpeados por estos crímenes, 21 de estas desapariciones son un claro reflejo de la violencia estructural que enfrentan los defensores del territorio, especialmente indígenas, en su lucha contra megaproyectos extractivos.
Lo más alarmante es que el 70% de las víctimas de 2023 pertenecían a comunidades indígenas, quienes son frecuentemente silenciadas por oponerse a la minería, la tala ilegal y otros proyectos que amenazan sus formas de vida. Esta lucha desigual ha transformado a la región del Pacífico, que incluye a Michoacán, Colima y Jalisco, en una de las zonas más peligrosas para los activistas ambientales.
Responsabilidad de las empresas y el Estado
La exigencia de las familias y colectivos es clara: incluir en las investigaciones a la empresa Ternium. Los antecedentes de conflicto entre la minera y la comunidad de San Miguel Aquila no pueden ignorarse en este caso. La lucha de los defensores no se limitó al ámbito local; representaba un desafío directo a los intereses económicos de una industria que históricamente ha contado con la complicidad de autoridades estatales y federales.
La falta de avances significativos en la investigación, así como las irregularidades señaladas por las familias, evidencian la incapacidad —o el desinterés— de las autoridades en resolver el caso. Es urgente que el gobierno mexicano cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, especialmente aquellos relacionados con la protección de defensores ambientales.
La demanda de nombrar un fiscal especial y permitir la colaboración de expertos independientes debe ser atendida de inmediato. La experiencia ha demostrado que las investigaciones dirigidas exclusivamente por instituciones nacionales suelen estar plagadas de omisiones y manejos opacos, perpetuando la impunidad.
No se buscan fosas, se exige vida
La frase de las familias de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, “no se trata de buscarlos en fosas”, es un llamado desgarrador que pone en perspectiva la crisis de desapariciones forzadas en México. La narrativa oficial, que muchas veces busca minimizar los casos al reducirlos a estadísticas o a conflictos entre particulares, debe cambiar. Se trata de entender que la desaparición de estos defensores es un ataque directo a los derechos colectivos de las comunidades y a los principios de justicia social y ambiental.
La respuesta del Estado mexicano debe estar a la altura de la gravedad del caso. Es inadmisible que, a dos años de su desaparición, las familias sigan enfrentando obstáculos en su búsqueda. La indiferencia institucional no solo prolonga el sufrimiento de los afectados, sino que también envía un mensaje de permisividad a quienes perpetúan estos crímenes.
La lucha colectiva como respuesta
El mes de acción global convocado por las familias y organizaciones sociales representa un esfuerzo para romper el silencio y movilizar la solidaridad internacional. Acciones como la creación de arte, la difusión de actos de solidaridad, la firma de peticiones y el envío de postales a las autoridades tienen un doble propósito: visibilizar la gravedad de la situación y presionar a los responsables para que actúen con celeridad y transparencia.
La solidaridad internacional ha sido un factor crucial en casos similares. México no puede permitirse quedar una vez más como un país donde la vida de los defensores ambientales se desprecia en favor de los intereses económicos de unos pocos. Cada acto de apoyo, por pequeño que parezca, contribuye a mantener viva la memoria de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, así como a reforzar la exigencia de justicia.
El papel del gobierno de la Cuarta Transformación
El gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado un compromiso claro con la justicia social y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, este caso representa un desafío crucial para demostrar que los principios de la Cuarta Transformación también aplican a la defensa del territorio y el medio ambiente.
Es momento de reforzar las acciones en favor de los defensores ambientales y de garantizar que casos como el de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz no queden impunes. Esto implica no solo atender las demandas inmediatas de las familias, sino también emprender reformas estructurales que garanticen la seguridad de quienes luchan por un México más justo y sostenible.
Además, se debe exigir que empresas como Ternium asuman su responsabilidad en los conflictos que generan y que se implementen medidas efectivas para prevenir futuras agresiones contra defensores. La transformación de México pasa necesariamente por la construcción de un país donde el respeto a los derechos humanos esté por encima de los intereses económicos.
Conclusión: Justicia como única respuesta
La desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz no es solo un crimen contra dos personas; es un atentado contra la justicia, la dignidad y el futuro de las comunidades indígenas de México. La respuesta del Estado mexicano en este caso no solo definirá el rumbo de la investigación, sino también el mensaje que se envía al mundo sobre el valor que damos a quienes luchan por un planeta más justo y sostenible.
En honor a su memoria y a la de cientos de defensores caídos, debemos exigir verdad y justicia. Porque, como lo han dicho las familias, no se trata de buscarlos en fosas; se trata de traerlos de vuelta, vivos, a los brazos de sus seres queridos. Solo así podremos construir un México verdaderamente libre, soberano y justo.