Acusan irregularidades en conflicto laboral de Minera Camino Rojo

En un caso que refleja tensiones laborales y empresariales bajo el marco del T-MEC, el Sindicato Nacional Minero, encabezado por el diputado federal Napoleón Gómez Urrutia, denunció irregularidades en el conflicto por la titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT) en la Minera Camino Rojo, ubicada en Mazapil, Zacatecas. Nahir Velasco, coordinador jurídico del sindicato, acusó al secretario instructor Erick Eduardo López Martínez, del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, de actuar de manera “parcial” en favor de un sindicato de protección patronal respaldado por la empresa canadiense Orla Mining.

Velasco aseguró que López Martínez busca invalidar una suspensión otorgada por el propio Tribunal que protege al Sindicato Nacional Minero como titular del CCT en la minera. Según Velasco, esta acción “vulnera el Estado de derecho” y es una muestra de cómo la empresa extranjera intenta despojar a los trabajadores de sus derechos de libre asociación y negociación colectiva, favoreciendo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana, afiliado a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI).

El conflicto, que ha escalado a nivel internacional, llevó al gobierno de Estados Unidos a solicitar un panel bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC. La Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Katherine Tai, justificó esta medida al señalar que México emitió un informe con “conclusiones limitadas” y no presentó un plan de remediación satisfactorio para garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la sección 335 del Sindicato Nacional Minero.

Acciones legales en curso

Ante las presuntas irregularidades, el Sindicato Nacional Minero anunció medidas contundentes. Velasco adelantó que presentarán una queja formal ante el Consejo de la Judicatura Federal contra Erick López Martínez por su actuar parcial. Además, interpondrán una denuncia penal para investigar posibles acciones ilegales del funcionario en el proceso judicial.

“La suspensión que nos fue concedida el 16 de diciembre pasado establece que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral debe abstenerse de reconocer al sindicato promovido por Orla Mining como titular del contrato colectivo. No obstante, el secretario instructor insiste en dar oportunidades indebidas al sindicato de protección patronal, lo que claramente es una violación a los principios de imparcialidad y legalidad”, subrayó Velasco.

Un conflicto laboral con implicaciones internacionales

El caso de la Minera Camino Rojo pone en evidencia la tensión entre el respeto a los derechos laborales en México y los intereses de empresas extranjeras que operan bajo el amparo de acuerdos internacionales como el T-MEC. La medida cautelar emitida por el tribunal busca proteger a los trabajadores y evitar que la titularidad del contrato colectivo sea registrada en favor del sindicato promovido por la compañía canadiense.

Sin embargo, el respaldo de la USTR y la activación del panel bajo el T-MEC reflejan la gravedad de la situación, que ha generado atención en ambos lados de la frontera. Para el Sindicato Nacional Minero, esta intervención es crucial para garantizar que no se impongan prácticas patronales que atenten contra la libertad sindical en México.

El desenlace de este caso será clave no solo para los trabajadores de la Minera Camino Rojo, sino también para sentar precedentes sobre la implementación de los compromisos laborales asumidos en el marco del T-MEC. Por ahora, la lucha jurídica y sindical continúa en defensa de los derechos laborales de los trabajadores mexicanos.