Aumentan medidas antimigrantes en EE.UU. ante próximo mandato de Trump
En vísperas del segundo mandato de Donald Trump, la comunidad migrante, incluida una importante cantidad de mexicanos, enfrenta un panorama cada vez más restrictivo en Estados Unidos. Con la promesa de implementar deportaciones masivas, 18 estados han aprobado leyes que limitan derechos y libertades de los indocumentados, generando preocupación por su impacto punitivo y discriminatorio.
Estados endurecen medidas antimigrantes
Entre los estados con legislaciones más severas destacan Texas, Florida, Alabama, Louisiana, Iowa y Virginia Occidental. Estas normativas obligan a las autoridades locales a participar activamente en procesos de deportación, como el polémico caso de la ley SB4 en Texas. Aprobada en 2023, esta ley considera el cruce fronterizo indocumentado como un delito estatal y autoriza a las policías locales a detener y deportar migrantes directamente a México. Sin embargo, la SB4 está suspendida temporalmente por litigios federales debido a su calificación como xenófoba y racista por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y organismos de derechos humanos.
En algunos estados, como Texas y Arizona, las leyes de inmigración han sido integradas al sistema penal, mientras que en otros se han creado mecanismos para criminalizar la presencia irregular de extranjeros. Aunque estas medidas enfrentan desafíos en los tribunales, su implementación ha contribuido a un ambiente hostil para las comunidades migrantes.
El papel de los estados en la deportación
Aunque la política migratoria es competencia federal en Estados Unidos, los estados desempeñan un papel crucial en su aplicación. Según el Immigrant Legal Resource Center, entre el 70 y 75% de las detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se derivan de aprehensiones efectuadas por autoridades locales. Esto refleja la colaboración entre entidades estatales y federales mediante programas como Comunidades Seguras, que permite a ICE recibir notificaciones automáticas sobre personas detenidas en cárceles locales por cualquier motivo.
Estados pro-migrantes: un contraste esperanzador
Frente al endurecimiento de las políticas antimigrantes, estados como Oregon, Illinois, California, Nueva Jersey y Washington se han destacado por implementar medidas de protección hacia los migrantes. Estas jurisdicciones limitan la colaboración de las autoridades locales con el ICE y promueven políticas inclusivas, ofreciendo un respiro a las comunidades vulnerables.
Recomendaciones de la cancillería mexicana
Ante este escenario, la SRE ha llamado a los connacionales a mantenerse informados sobre sus derechos y a actuar con cautela en caso de detención. La cancillería enfatiza que los migrantes no deben firmar órdenes de deportación sin hablar antes con un abogado y recalca que, si no están bajo arresto, no tienen obligación de proporcionar información sobre su estatus migratorio.
Además, el Observatorio de Leyes y Medidas Antimigrantes de la SRE sigue monitoreando las normativas y ofreciendo apoyo a los mexicanos afectados por estas políticas.
Un panorama incierto
El segundo mandato de Trump representa un desafío para los migrantes en Estados Unidos, particularmente en estados con legislaciones restrictivas. Aunque algunos de estos esfuerzos han sido frenados en los tribunales, la hostilidad hacia las comunidades migrantes sigue en aumento.
La situación actual exige no solo la protección legal de los derechos de los migrantes, sino también un llamado a la diplomacia y al trabajo conjunto entre ambos países para garantizar un trato justo y humano a quienes buscan mejores oportunidades en Estados Unidos.