Sentencian a integrantes de banda de secuestradores en el Estado de México
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) logró sentencias condenatorias de entre 10 y 60 años de prisión contra cuatro integrantes de una banda de secuestradores en el Estado de México. El fallo, dictado por un juez de distrito en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Nezahualcóyotl, pone fin a un proceso judicial que comenzó en 2020 y representa un avance significativo en la lucha contra la delincuencia organizada en el país.
Secuestro agravado y delincuencia organizada
Los sentenciados, identificados como Ana Laura Ramírez, Nelly Rentería, Armando Ramírez y Alejandro Rodríguez, fueron declarados culpables de los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada. Según la Fiscalía General de la República (FGR), en 2017 estas personas secuestraron a dos víctimas al salir de su negocio en Chalco, Estado de México. Las víctimas fueron liberadas días después tras el pago de un rescate mediante depósitos bancarios.
Tras una investigación exhaustiva, en 2020 se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra los acusados, quienes fueron vinculados a proceso por su participación en estos delitos.
Sentencias ejemplares
Durante el juicio, el Ministerio Público Federal presentó pruebas contundentes que llevaron a que Armando Ramírez y Alejandro Rodríguez recibieran penas de 60 años de prisión cada uno, mientras que Ana Laura Ramírez y Nelly Rentería fueron condenadas a 10 años de cárcel. Estas sentencias reflejan el peso de los crímenes cometidos y buscan enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de participar en actividades delictivas.
Justicia que fortalece la seguridad
El Poder Judicial de la Federación destacó el papel crucial de las investigaciones de la FGR y el trabajo coordinado entre las instituciones de justicia para garantizar que los responsables enfrentaran las consecuencias legales de sus actos. Este caso subraya el compromiso del gobierno federal con la erradicación de la delincuencia organizada y la protección de las familias mexicanas frente a crímenes de alto impacto como el secuestro.
Con este fallo, se avanza en la construcción de un sistema de justicia sólido que no solo castiga, sino también desalienta la impunidad, reafirmando que el Estado mexicano no permitirá que estas actividades queden sin consecuencias.