Juez otorga primer amparo contra reforma judicial por vicios legislativos
En un fallo histórico, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa de Zapopan, Jalisco, concedió el primer amparo a trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) para suspender el proceso de la reforma judicial, incluida la votación de jueces y magistrados programada para junio de 2025. La decisión fue tomada por la jueza Gabriela Ruiz Márquez, quien argumentó que existieron violaciones al proceso legislativo y vicios que comprometen la legalidad de dicha reforma.
La resolución emitida por la jueza establece que “se encontraron vicios de procedimiento que afectan la regularidad de todo el conjunto de actos y, por consiguiente, la del Decreto de reforma en su integridad”. En consecuencia, ordenó dejar sin efecto los actos derivados de esta reforma constitucional, protegiendo así los derechos de los trabajadores del Poder Judicial que presentaron el amparo.
Los beneficiarios de este amparo son Ramón Alonso Rivera Isiordia, Denisse Nayver Moreno Ramírez, Alma Angélica Conde Chávez, Martha Gabriela Pioquinto Conde, José de Jesús Pérez Baldenegro, Benjamín Tepalt Domínguez, Claudia Ivette García Soto y Jared Ramos Martínez. Estos trabajadores argumentaron que el proceso de reforma violaba sus derechos laborales y la independencia judicial, principios fundamentales del orden constitucional mexicano.
La jueza Ruiz Márquez señaló que durante el proceso legislativo existió un “efecto corruptor” debido a diversas irregularidades, lo que hace presumir vicios en el consentimiento de los parlamentarios. En su fallo, la jueza afirmó que “el proceso legislativo impugnado se vislumbró en un clima de ataques sistemáticos del Ejecutivo en contra del Poder Judicial”, lo cual generó un ambiente de deslegitimación hacia esta rama del gobierno.
El expediente de más de 200 páginas, del cual La Jornada obtuvo copia, detalla cómo los ataques del Poder Ejecutivo a través de recursos públicos y canales oficiales influyeron en la percepción de los legisladores. La jueza argumentó que esto condicionó el proceso legislativo y vulneró el respeto a las minorías parlamentarias. “Se desarrolló en un marco de ataques sistemáticos del Poder Ejecutivo en contra del Judicial, financiado con recursos públicos y mediante canales oficiales de comunicación”, precisó Ruiz Márquez.
Además, la jueza concluyó que el órgano reformador no cumplió con su obligación de justificar y argumentar la reforma constitucional, lo que afecta uno de los principios fundamentales de la Carta Magna: la independencia judicial. Explicó que la reforma, al modificar de manera sustancial este principio, no demostró una finalidad legítima ni garantizó que la independencia del Poder Judicial se mantuviera intacta.
El fallo subraya que cualquier reforma que afecte la independencia judicial debe estar sólidamente fundamentada y ser resultado de un proceso transparente y justo. En este caso, el “efecto corruptor” señalado durante el proceso legislativo representa una vulneración al principio de separación de poderes y a los derechos fundamentales de los trabajadores del PJF.
Esta decisión judicial marca un precedente importante en la defensa de la independencia del Poder Judicial y resalta la importancia de respetar los procesos legislativos. Aunque esta medida cautelar no es definitiva, podría frenar temporalmente la implementación de la reforma hasta que se resuelva el juicio de amparo en su totalidad.
La resolución de la jueza Ruiz Márquez representa un paso significativo en la protección de la autonomía del Poder Judicial y la defensa de los derechos constitucionales, reafirmando el compromiso de que las reformas estructurales deben realizarse en un marco de respeto y legalidad.