Una batalla por la justicia: empresario veracruzano enfrenta al gigante corporativo Orbia

La historia del empresario veracruzano Abel Campechano Palacios se asemeja a la lucha bíblica entre David y Goliath. Enfrentando a uno de los hombres más poderosos de México, Antonio del Valle Ruiz, dueño del conglomerado Kaluz y con una fortuna estimada en 4 mil 940 millones de dólares, Campechano pelea por una deuda de casi 9 millones de pesos que Orbia, antes Mexichem, se niega a pagarle. Esta deuda, resultado de trabajos realizados en el complejo Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz, ha sumido a Campechano en una batalla legal desgastante y ha puesto en evidencia las profundas fallas del sistema judicial mexicano.
Con una trayectoria de 25 años al frente de su empresa, Ingeniería de la Corrosión y Mantenimiento Industrial, SA de CV, Campechano prestó servicios especializados en protección anticorrosiva, tuberías y obra electromecánica a la planta petroquímica de Pajaritos entre 2014 y 2015. Sin embargo, tras la explosión en 2016 que cobró la vida de 32 trabajadores, el gigante Orbia pospuso indefinidamente el pago, argumentando que esperaban el desembolso del seguro por el siniestro.
Los problemas financieros derivados de esta falta de pago obligaron a Campechano a despedir a 70 trabajadores y a reducir su plantilla a 120 empleados. “Tuvimos que despedirlos para sobrevivir”, lamenta el empresario, quien también ha enfrentado problemas de salud debido al estrés: insomnio, ansiedad y tratamientos psiquiátricos son solo algunas de las secuelas que le ha dejado esta batalla.
Pero la lucha de Campechano no es un caso aislado. Decenas de pequeñas y medianas empresas proveedoras de Orbia han padecido la misma suerte. La negativa a pagar de esta poderosa corporación ha provocado el cierre de negocios y la pérdida de empleos en una región ya golpeada por la violencia y la falta de oportunidades.
A pesar de contar con pruebas documentales de los trabajos realizados —órdenes de compra, generadores y estimaciones firmadas—, el camino judicial para Campechano ha sido una odisea marcada por lo que él llama “violencia institucional”. Tras una resolución favorable en primera instancia, el caso fue revertido por jueces federales del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, quienes argumentaron que no procedía el pago debido a la falta de una factura formal. Sin embargo, Campechano explica que no emitió la factura porque Orbia no entregó las órdenes de compra completas.
El empresario denuncia que el sistema judicial ha sido manipulado en su contra: “Todo el sistema de justicia está igual de mal. No se mueve nada si no le echas dinero”. En su lucha por cobrar lo que le corresponde, ha tenido que desembolsar más de 1 millón 300 mil pesos en fianzas para embargar cuentas de Orbia, solo para enfrentar nuevos amparos y condenas por gastos y costas procesales.
A pesar de todo, Campechano no se rinde. Actualmente, su caso está en proceso de desahogo de pruebas en el juzgado segundo de primera instancia de Coatzacoalcos, a cargo del juez Cristóbal Hernández Cruz. Confiado en que la justicia prevalecerá, sigue presentando pruebas y resistiendo las estrategias dilatorias de la empresa.
El empresario ha manifestado su apoyo a la reforma judicial propuesta por el Gobierno de México, al considerar que es urgente depurar el sistema para erradicar la corrupción y garantizar procesos justos. “Urge cambiar ya a los jueces; si no, vamos a seguir igual”, declara con firmeza.
Mientras su batalla continúa, Abel Campechano enfrenta no solo una deuda económica, sino un daño emocional profundo que afecta a su familia y empleados. “Más que una cuestión material, es todo lo emocional que me ha causado este proceso judicial”, concluye. Su historia representa la lucha de cientos de pequeñas empresas que, a pesar de enfrentar a gigantes corporativos, no pierden la esperanza de que la justicia, finalmente, prevalezca.