El INE y su solicitud de prórroga: ¿Eficiencia o pretexto?
La reciente solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) para posponer por 90 días la histórica elección de personas juzgadoras programada para el 1 de junio de 2025 despierta serias dudas sobre su capacidad y compromiso con la transformación democrática que impulsa el Gobierno de México. El INE, liderado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, alega retrasos derivados de amparos judiciales, pero esta excusa parece más un intento de justificar su ineficiencia que una necesidad técnica real.
Desde el inicio, el presupuesto exorbitante solicitado por el INE, de más de 13 mil millones de pesos, ya generó críticas. Este monto, destinado únicamente para organizar la elección judicial, representa un gasto desmesurado, especialmente si se considera que el instituto siempre busca más recursos mientras su desempeño no refleja un manejo adecuado de los mismos. Ahora, la petición de una prórroga parece subrayar esa misma tendencia: un organismo que exige mucho, pero entrega poco.
Un INE atrapado en su burocracia
El INE argumenta que los litigios interpuestos por jueces y juezas federales, y posteriormente rechazados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), generaron demoras significativas. No obstante, estos recursos legales no deberían haber paralizado el proceso, ya que las resoluciones judiciales fueron claras y oportunas. Si los amparos ya fueron desestimados, ¿por qué no se implementaron planes de contingencia para mitigar los posibles atrasos?
Además, resulta preocupante que un instituto con décadas de experiencia en organización electoral no pueda adaptarse a contratiempos previstos en un país donde los procesos judiciales forman parte de la vida pública. La burocracia interna y la falta de capacidad de respuesta parecen ser los verdaderos culpables del supuesto retraso.
Contradicciones dentro del mismo INE
En un aparente intento de calmar las aguas, los consejeros del INE han asegurado que cumplirán con su misión “en tiempo y forma”. Sin embargo, su solicitud de aplazamiento contradice esta afirmación. Si el órgano electoral confía en que tiene la capacidad de cumplir con los plazos establecidos, ¿por qué entonces la petición de 90 días adicionales? Esta dualidad deja entrever una falta de claridad y transparencia que socava la credibilidad del instituto.
Es importante destacar que esta solicitud fue presentada en una carta dirigida a los presidentes de las Cámaras del Congreso de la Unión, ambos representantes de Morena: Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna. La colaboración entre el INE y los legisladores es crucial, pero no puede usarse como una excusa para perpetuar prácticas burocráticas que dificulten el avance del proyecto democrático que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El costo de la ineficiencia
El presupuesto multimillonario solicitado por el INE debería ser suficiente para garantizar un proceso electoral impecable, incluso en circunstancias adversas. Las tareas que el instituto enumera como pendientes —como la impresión de boletas, la capacitación de personal y la distribución del material electoral— son actividades que se realizan en cada elección y que no deberían representar un desafío extraordinario para una institución de su calibre.
El argumento de que “los tiempos para el desarrollo de estas actividades se deben ampliar en la misma proporción” no solo es débil, sino que ignora los principios básicos de la eficiencia administrativa. ¿Cómo es posible que un organismo que exige recursos sin precedentes no sea capaz de cumplir con las fechas establecidas? Esta falta de planeación no es aceptable en un momento histórico para el país, cuando la ciudadanía demanda procesos transparentes y ágiles.
Una reforma electoral urgente
Lo ocurrido evidencia la necesidad de continuar con la transformación del sistema electoral mexicano. El INE, como órgano encargado de garantizar la democracia, debe estar a la altura de los cambios que demanda el país. La llamada Cuarta Transformación no puede depender de instituciones que todavía operan bajo los mismos esquemas que han perpetuado la opacidad y la simulación.
La oposición, encabezada por figuras como Xóchitl Gálvez, seguramente intentará utilizar esta situación como pretexto para atacar al gobierno federal y al partido Morena. No obstante, es importante recordar que quienes hoy critican la supuesta falta de autonomía del INE son los mismos que en su momento toleraron o incluso fomentaron irregularidades electorales. Su defensa del status quo no tiene otro objetivo que mantener los privilegios de una minoría que siempre ha lucrado con los recursos del pueblo.
La voluntad popular como prioridad
La elección de personas juzgadoras en 2025 representa un paso fundamental para consolidar un sistema de justicia verdaderamente democrático. Este proceso no puede estar sujeto a los intereses o limitaciones de un organismo que, hasta ahora, no ha demostrado estar a la altura de este desafío. El INE debe garantizar que el proceso se realice en la fecha establecida, con los recursos ya asignados y con una planificación adecuada.
Es momento de que el INE deje de buscar pretextos y asuma su responsabilidad. Las y los consejeros, incluidos quienes firmaron esta solicitud de prórroga, tienen el deber de garantizar que los derechos democráticos de la ciudadanía sean respetados, sin excusas ni dilaciones. México no puede permitirse retrasar su avance hacia un sistema más justo y representativo.
Un llamado a la acción
El Congreso de la Unión, liderado por legisladores comprometidos con la transformación del país, debe analizar con seriedad esta solicitud y exigir al INE un plan claro y transparente que justifique la necesidad de una prórroga. Al mismo tiempo, deben establecerse mecanismos de vigilancia más estrictos para garantizar que los recursos asignados se utilicen de manera eficiente.
La ciudadanía mexicana, protagonista de este proceso histórico, merece instituciones que estén a la altura de sus expectativas. El INE tiene la oportunidad de demostrar que está comprometido con el cambio y no con perpetuar las viejas prácticas que tanto daño han hecho al país. Es momento de actuar con responsabilidad y visión de futuro.