Exigen justicia para víctimas de meningitis en Durango: “La vida nos cambió a todos”

Dos años después de que se declarara emergencia sanitaria en Durango por un brote de meningitis que dejó 37 personas fallecidas y 43 sobrevivientes, familiares de las víctimas y quienes superaron la enfermedad demandan justicia y reparación integral. De los 80 casos positivos registrados entre 2022 y 2023, 63 corresponden al hospital Del Parque, cuyos dueños y administradores siguen sin indemnizar a las familias afectadas.

Una crisis que marcó vidas
El 1 de noviembre de 2022, el brote de meningitis fue declarado emergencia sanitaria en Durango tras confirmarse los primeros cinco contagios. A lo largo de los meses siguientes, la cifra alcanzó los 80 casos, entre ellos 41 fallecimientos. De las víctimas mortales, 36 fueron mujeres y sólo un hombre. Entre los sobrevivientes figuran 23 mujeres y dos niños, quienes, junto con sus familias, han enfrentado enormes desafíos físicos, emocionales y económicos.

“El brote no solo nos quitó a nuestras esposas, madres e hijas; cambió nuestra vida para siempre”, señalaron los familiares durante una reunión en la que acordaron exigir al gobierno estatal justicia y apoyo efectivo para las víctimas.

Indemnizaciones insuficientes
Hasta ahora, sólo se han otorgado indemnizaciones a 17 de las 80 familias afectadas, todas correspondientes a pacientes de los hospitales Dickava, San Carlos y Santé, cuyos propietarios lograron acuerdos con los deudos. Sin embargo, las 63 familias relacionadas con el hospital Del Parque siguen esperando compensaciones económicas.

Además, los afectados denunciaron que el proceso judicial se ha prolongado debido a maniobras legales de los abogados de los responsables. Según los testimonios, los abogados del hospital Del Parque están siendo financiados por el gobierno estatal, un hecho que los familiares calificaron como “una traición”.

“Si la entidad va a pagar por asesoría jurídica, que sea para las víctimas, no para quienes nos dañaron”, reclamaron.

Revictimización y obstáculos legales
La falta de recursos económicos ha llevado a muchas familias a depender de abogados de oficio, quienes, según denuncian, han mostrado poca disposición para representarlos de manera adecuada. Además, solo se han abierto tres carpetas de investigación por los 63 casos no indemnizados, mientras los responsables han recurrido a amparos y retrasos en las audiencias.

Los familiares exigieron una reunión urgente con el gobernador Esteban Alejandro Villegas Villarreal para abordar la situación, subrayando que la justicia no debe depender de los recursos de las víctimas.

Detenciones y pendientes judiciales
Tras el brote, fueron detenidos los dueños y administradores de los cuatro hospitales involucrados: Del Parque, Dickava, Santé y San Carlos. Mientras los responsables de los últimos tres lograron acuerdos con las familias y fueron liberados, los propietarios del hospital Del Parque, Erasmo N y Sandra Idanes N, permanecen detenidos debido a su negativa a indemnizar a las víctimas.

Los afectados insistieron en que la justicia no solo implica sanciones penales, sino también garantizar que las familias puedan superar los estragos económicos y emocionales ocasionados por la crisis sanitaria.

“La vida nos cambió para siempre, pero no dejaremos de exigir justicia. Queremos que nuestras voces sean escuchadas y que nuestras pérdidas no queden impunes”, concluyeron.