Permitir importación de vapeadores: un riesgo para la salud de la niñez y adolescencia, alertan expertos
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de permitir la importación de vapeadores, cigarros electrónicos y productos de tabaco calentado ha suscitado críticas de expertos en salud pública, quienes advierten sobre el impacto negativo que esto puede tener en la salud de millones de niñas, niños y adolescentes en México.
Guadalupe Ponciano Rodríguez, presidenta del Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tabaco, lamentó la resolución, señalando que “se antepuso la libertad de comercio al derecho a la protección de la salud”. En entrevista con La Jornada, explicó que la decisión de los ministros no considera los principios de salud pública ni las evidencias científicas que demuestran el riesgo de estos productos, y que además favorece intereses económicos por encima del bienestar de la población.
La SCJN declaró inconstitucional la prohibición de importar estos dispositivos al avalar el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien amparó a la empresa Philip Morris México. De acuerdo con el fallo, la norma vigente limitaba de forma “innecesaria y desproporcionada” la libertad de comercio. Sin embargo, para Ponciano Rodríguez, especialista en adicciones, esta determinación afecta directamente a las generaciones jóvenes, pues las tabacaleras diseñan productos con sabores y colores que resultan atractivos para niñas, niños y adolescentes, a pesar de contener altos niveles de nicotina y otras sustancias tóxicas. “Esta decisión pone en peligro a niños y jóvenes, pues se ampara a la tabacalera, pese a los decretos presidenciales emitidos en el sexenio pasado, en el que se reconocía el grave riesgo a la salud que representa su uso”, subrayó.
La polémica se intensifica al considerar que esta decisión legal ocurre en un contexto de preocupación global. Según Ponciano Rodríguez, países como Reino Unido han implementado prohibiciones absolutas en la comercialización y consumo de estos productos por los riesgos comprobados a la salud. Destacó que existe amplia evidencia científica, “libre de conflicto de interés”, que documenta el daño severo que los vapeadores y productos similares causan, en especial en consumidores jóvenes.
Erick Antonio Ochoa, director de la organización Salud Justa Mx, calificó el fallo de la SCJN como una medida que “privilegia los intereses de una industria que vende un producto que mata a más de la mitad de sus consumidores”. Criticó que los ministros no consideren el riesgo potencial que estos dispositivos representan para la salud de los jóvenes. “Las disposiciones deberían proteger a quienes son más vulnerables y evitar la introducción de productos diseñados para enganchar a una nueva generación a la adicción de la nicotina”, señaló.
Maximiliano Cárdenas, coordinador jurídico de Salud Justa, también cuestionó el fallo, argumentando que la SCJN analizó las disposiciones comerciales sin atender el derecho a la salud, un principio consagrado en la Constitución. Señaló que la resolución ignora el impacto de estos productos en la niñez y adolescencia y no considera el riesgo que suponen al establecer comparaciones con el tabaco convencional, sin tomar en cuenta los efectos particulares y adicionales de los nuevos dispositivos.
Para los expertos, la reciente resolución judicial se aleja de los avances logrados en el combate al tabaquismo en México, debilitando la protección a la salud de la niñez y adolescencia, y beneficiando a una industria que históricamente ha sido señalada por comercializar productos dañinos para la salud pública.