La SCJN: Entre el Derecho y la Impunidad

Una vez más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sorprende al pueblo de México con una decisión que parece beneficiar a unos pocos, mientras compromete gravemente la lucha nacional contra el crimen organizado y el lavado de dinero. Al resolver con el voto de tres de sus cinco integrantes la eliminación provisional de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la SCJN permite que individuos y empresas puedan desbloquear sus cuentas bancarias sin comprobar la licitud de sus fondos. Este fallo desconcierta no sólo a la UIF, sino a todo aquel comprometido con el bienestar de México, pues abre un peligroso camino de impunidad y facilita el flujo de dinero presuntamente ilícito en el sistema financiero.

La resolución de la SCJN llega en un contexto delicado. La UIF, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, había advertido desde octubre sobre los riesgos que implicaba esta jurisprudencia, coloquialmente conocida como “Medina Mora” en referencia a Eduardo Medina Mora, el exministro que impulsó dicha política. Según la UIF, esta interpretación de la ley no protege a la ciudadanía, sino que parece diseñada para aquellos involucrados en actividades delictivas como el lavado de dinero. Con razón, la UIF recalca en su comunicado que la SCJN no tuvo en cuenta los indicios de delincuencia organizada o actos ilícitos asociados a las cuentas que figuran en la lista. Los ministros han optado por una visión excesivamente legalista, ignorando las cualidades preventivas que caracterizan a esta herramienta clave en la lucha contra la corrupción.

La votación en la SCJN fue especialmente polémica: el ministro Alberto Pérez Dayán, quien el día anterior se había opuesto a una reforma judicial orientada a fortalecer la elección popular de juzgadores, cambió radicalmente su postura y, junto a Luis María Aguilar y Javier Láynez, apoyó la eliminación de la lista de personas bloqueadas. La postura de Pérez Dayán, marcada por una aparente contradicción, resulta preocupante. Se mostró firme en mantener el sistema judicial bajo las viejas estructuras de poder, sin abrirlo a una mayor supervisión popular; sin embargo, un día después, votó en favor de medidas que claramente benefician a quienes buscan evadir el control financiero de las autoridades.

La Unidad de Inteligencia Financiera no ha escatimado en calificativos para señalar esta decisión como “extralegal”, un término que deja claro su impacto y sus implicaciones. Esta jurisprudencia abre un espacio de incertidumbre que podría facilitar que grandes sumas de dinero sospechoso de origen ilícito no sólo permanezcan en el país, sino que fluyan hacia el extranjero, burlando los controles que México ha implementado en línea con los estándares internacionales. Es evidente que la resolución no sólo afecta a México, sino que representa un riesgo para toda la comunidad internacional comprometida con la prevención de delitos financieros.

El mensaje de la UIF es claro: esta decisión erosiona los esfuerzos de años en la lucha contra el crimen financiero y el terrorismo, desacreditando las obligaciones internacionales que México ha asumido en estos frentes. Con esta medida, México corre el riesgo de ser visto como un paraíso de impunidad para las redes delictivas que operan a nivel global. En lugar de promover la seguridad financiera y la transparencia, la SCJN opta por medidas que debilitan el sistema, ignorando las recomendaciones y normas internacionales que buscan precisamente evitar el lavado de dinero y su relación con el financiamiento de actividades criminales.

¿A quién sirve realmente esta resolución? En teoría, se ampara en el respeto al debido proceso y al derecho de las personas a no ser afectadas sin una sentencia definitiva. Sin embargo, el contexto no permite ser tan ingenuos. La realidad es que el lavado de dinero no es una actividad que dependa únicamente de la buena voluntad y transparencia de los involucrados. Estas personas y empresas, sospechosas de actividades ilícitas, ahora pueden movilizar sus fondos sin mayor problema, sin necesidad de una sentencia que acredite la licitud de su patrimonio. Los impactos no son menores: en cuestión de días, los recursos de estas cuentas bloqueadas podrían estar en otras instituciones o en cuentas extranjeras donde la UIF ya no tenga alcance alguno.

Los estándares internacionales de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo exigen acciones firmes y medidas preventivas que, en su carácter precautorio, protejan al sistema financiero de ser utilizado con fines criminales. Con esta decisión, México da un paso atrás, entorpeciendo su propio avance en estos rubros. Mientras el gobierno federal trabaja por erradicar la corrupción y evitar la infiltración de dinero ilícito en las finanzas nacionales, la SCJN parece ir en sentido contrario, facilitando una vía de escape a quienes encuentran en estas grietas legales una oportunidad para operar sin restricciones.

En un país donde el crimen organizado y la corrupción han afectado a tantas familias, es incomprensible que la SCJN cierre los ojos ante el papel fundamental de la UIF. Esta institución ha sido uno de los principales brazos del Estado en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y la evasión fiscal, todas actividades que erosionan la paz social y la seguridad económica. La decisión de la Corte no puede interpretarse sino como un debilitamiento de estas funciones cruciales y, en última instancia, como un atentado contra el bienestar de México. La decisión no beneficia a la mayoría, sino a una minoría privilegiada, muchos de ellos con vínculos evidentes al crimen financiero.

Este fallo refuerza la percepción de que algunos ministros de la SCJN parecen alinearse con los intereses de ciertos grupos de poder, más interesados en proteger sus propios privilegios que en velar por el interés común. La postura de la Corte, en este caso, se aleja de los principios de justicia social que deberían guiar sus decisiones. La ciudadanía mexicana merece una Suprema Corte comprometida con la verdad y la justicia, y no con la perpetuación de prácticas que socavan la lucha contra el crimen.

Es imperativo que el pueblo mexicano reflexione sobre el papel de sus instituciones y exija a la SCJN que reevalúe su postura. La lucha contra la corrupción y el lavado de dinero no es solo una cuestión de legalidad, sino de ética y responsabilidad social. México necesita una justicia que respalde las acciones preventivas de organismos como la UIF, y no una Corte que, bajo un manto de legalidad, ponga en riesgo los avances que tanto esfuerzo han costado.

Mientras la SCJN continúe alineándose con decisiones que beneficien a los poderosos en detrimento del interés público, la desconfianza en el sistema judicial seguirá creciendo. En un contexto donde la estabilidad y la paz de la nación están en juego, el pueblo merece más que decisiones que favorecen la impunidad. México no puede permitirse dar marcha atrás en su lucha contra el crimen y la corrupción.