Lujo y Privilegios en el Poder Judicial: ¿A qué Costo para México?

La reciente investigación de Samuel Adam publicada en la plataforma Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha expuesto, una vez más, los privilegios desmesurados de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF). En un país donde la gran mayoría de la población enfrenta dificultades económicas para satisfacer sus necesidades básicas, resulta indignante que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destine recursos multimillonarios a gastos tan superfluos como los alimentos en restaurantes de lujo. Todo esto, mientras que en el Congreso, ciertos actores políticos —como el diputado de Movimiento Ciudadano, Héctor Alonso Granados— parecen beneficiarse del presupuesto a través de contratos de servicios alimenticios que, al parecer, fueron otorgados en medio de un oscuro conflicto de interés.

El PJF es una institución pública que, en teoría, debería responder a los principios de austeridad y compromiso con la justicia. No obstante, en la práctica, se ha convertido en un símbolo de excesos y despilfarro. Basta con observar el dato revelado por Adam: en 2020, el CJF destinó alrededor de 315 millones de pesos para cubrir los gastos de alimentos en restaurantes para sus jueces y magistrados. Cada uno de estos funcionarios cuenta con un monto mensual de casi 18,500 pesos para sus comidas en establecimientos externos, a pesar de tener comedores internos en sus oficinas, mismos que se mantuvieron con un costo de 56 millones de pesos. Este derroche contrasta fuertemente con los ingresos de millones de mexicanos, quienes deben conformarse con un salario mínimo mensual que apenas alcanza los 6,223 pesos.

Es evidente que el sistema judicial mexicano ha olvidado sus deberes hacia la sociedad. El salario de estos magistrados, que oscila entre 120,000 y 150,000 pesos mensuales, ya es considerablemente elevado en comparación con el promedio nacional. Aún así, estos funcionarios siguen recibiendo otros beneficios adicionales que bordean lo irrisorio y lo ofensivo. Además de los 18,500 pesos para alimentación, cada juez y magistrado cuenta con subsidios para rentas, apoyos vehiculares, vales de gasolina, transporte aéreo o terrestre para cambios de adscripción, e incluso equipo telefónico anual. Para colmo, el Poder Judicial destinó 10,085 millones de pesos en remuneraciones adicionales durante 2019, un gasto desproporcionado que plantea serios cuestionamientos sobre la ética y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Mientras que estos privilegios se incrementan año con año, los empleados de menor jerarquía en el Poder Judicial enfrentan condiciones de trabajo cada vez más precarias. Según el sindicato que representa a los trabajadores del PJF, sus compensaciones se han reducido paulatinamente, y el aumento de su bono de “Reconocimiento especial”, que alguna vez fue de 7,500 pesos, hoy es de apenas 4,500 pesos anuales. Además, se les ha negado el pago de sustituciones por licencias médicas, situación que ha sobrecargado a los trabajadores con tareas adicionales sin remuneración. Este contraste revela una profunda desigualdad dentro de la misma institución: mientras algunos gozan de excesos, otros deben lidiar con la falta de incentivos y con un entorno laboral cada vez más hostil.

Uno de los puntos más controversiales de esta trama es la conexión entre el CJF y la empresa de alimentos Profesionales en Comidas Industriales S.A. de C.V., propiedad del diputado Héctor Alonso Granados, actualmente afiliado a Movimiento Ciudadano. A pesar de ser legislador, Alonso Granados parece haber encontrado en la empresa que dirige junto a su esposa una fuente de ingresos adicional a través de contratos con el CJF, quien le ha otorgado una licitación millonaria para operar comedores. Este contrato tiene un valor de 56 millones de pesos anuales y obliga a la empresa a producir al menos 394,000 comidas al año para el personal del CJF. El conflicto de interés es evidente, dado que Alonso Granados, a pesar de ser funcionario, no incluyó en su declaración patrimonial su participación en esta empresa, un acto que representa una omisión preocupante y una clara violación de la transparencia que debería caracterizar a un servidor público.

El caso de Alonso Granados se agrava al revisar su historial político. Antes de su afiliación a Movimiento Ciudadano, perteneció a Morena y fue expulsado tras una serie de declaraciones misóginas y discriminatorias que atentaron contra los valores del partido. Con un historial de declaraciones ofensivas y señalamientos en su contra por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), su presencia en el Congreso y la adjudicación de contratos millonarios levantan preguntas legítimas sobre la calidad de liderazgo que realmente necesitamos en el país. Estos conflictos de interés y falta de ética no solo dañan la imagen del CJF, sino que también contribuyen a la desconfianza generalizada hacia las instituciones judiciales y legislativas.

La opacidad con la que el CJF maneja los recursos destinados a los privilegios de sus magistrados y jueces también es preocupante. De acuerdo con el reportaje, cuando Samuel Adam intentó obtener respuestas directas del CJF, se encontró con una barrera burocrática que canalizó todas las preguntas a través de solicitudes de transparencia. Esta actitud refleja una falta de responsabilidad por parte del Consejo y una nula disposición para rendir cuentas a la ciudadanía. En lugar de abordar las preocupaciones sobre los excesos en el gasto de recursos, el CJF opta por esquivar las preguntas y limitar el acceso a la información, una práctica que claramente contradice los principios de transparencia que deberían guiar a toda institución pública.

Este esquema de privilegios y desvío de recursos debe ser eliminado en favor de una reforma profunda que ponga fin a la corrupción y al derroche en el Poder Judicial. Las cifras hablan por sí solas: el gasto en alimentos y otros beneficios adicionales de estos funcionarios equivale a tres veces el monto invertido por el gobierno federal en medicamentos oncológicos. Es evidente que las prioridades de los administradores del CJF están gravemente desfasadas. Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho esfuerzos por reducir gastos innecesarios en diversas áreas gubernamentales, el CJF se niega a someterse a estos principios de austeridad, demostrando una desconexión total con las necesidades del pueblo mexicano.

Es momento de exigir que el Poder Judicial se ajuste a la realidad económica del país y que sus miembros abandonen los lujos pagados con dinero público. Los recursos públicos deben destinarse a mejorar la vida de todos los mexicanos, no a sostener el estilo de vida de una élite judicial. Para restaurar la confianza en el sistema judicial, urge una transformación que destierre la corrupción y el abuso, y que ponga a la justicia al servicio del pueblo, en lugar de favorecer a unos cuantos. Solo así podremos construir una nación verdaderamente justa, donde el bienestar y los derechos del pueblo sean prioridad y no una mera aspiración.