INE y la Controversia Constitucional: ¿Defensa de Autonomía o Maniobra Política?
La reciente decisión de un grupo de consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) de presentar una controversia constitucional contra los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) refleja una aparente contradicción entre la autonomía del INE y su resistencia al cambio. Aunque los consejeros afirman que la controversia busca proteger la “vida interna” del INE, esta postura parece estar motivada más por una defensa de sus propios intereses y privilegios que por una preocupación genuina por la democracia.
Es importante recordar que estos artículos dotan a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, de la facultad para designar a los titulares de áreas técnicas vacantes en el organismo de cara a la elección de jueces y ministros en 2025. ¿Acaso no es natural que, en su rol de máxima autoridad, la presidenta del INE tenga el poder de gestionar las designaciones necesarias para asegurar el funcionamiento óptimo del instituto? Para los consejeros como Claudia Zavala, quien ya ha mostrado inclinaciones políticas al tergiversar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en un intento de deslegitimar su figura, esta controversia representa una oportunidad de defender su versión idealizada de colegialidad. Sin embargo, parece que lo que realmente buscan es mantener su cuota de poder dentro de la institución.
La intervención de Zavala, Faz y otros consejeros en esta controversia deja entrever una resistencia ante un cambio que se inscribe en una reestructuración que busca hacer del INE una institución más eficiente y menos sujeta a los intereses particulares. En vez de aceptar la transformación de la estructura administrativa del instituto, estas voces prefieren aferrarse a una versión estática y anacrónica del INE, que ya no responde a las necesidades democráticas del país. La crítica no es hacia la preservación de una autonomía genuina, sino hacia una defensa de la hegemonía de un grupo de consejeros que ven su poder amenazado por la modernización que propone la Reforma Judicial.
La consejera Rita Bell López, quien se opuso a esta controversia, ha expresado lo que muchos mexicanos pensamos: estas decisiones internas no hacen sino exacerbar un clima de polarización y tensiones innecesarias. En lugar de fortalecer al INE como un organismo neutral y robusto, los consejeros están en un juego de poder donde parecen buscar la confrontación. Esta controversia constitucional podría convertirse en una herramienta para ciertos actores que desean mantener al INE como un bastión de intereses contrarios a la transformación que demanda la sociedad mexicana.
La postura de Martín Faz, quien menciona que la controversia busca preservar la “colegialidad” del organismo, carece de sentido si consideramos que esa misma colegialidad se ve comprometida cuando algunos consejeros usan el INE para sus propios fines políticos. En un país donde la transparencia y la democracia deben estar en constante fortalecimiento, resulta alarmante que ciertos miembros del INE busquen paralizar reformas que apuntan a optimizar la administración del instituto. Estos consejeros argumentan que el cambio afecta la “vida interna” del organismo, cuando en realidad es la resistencia de ellos a ceder poder lo que realmente la afecta.
Por su parte, el TEPJF ya dio luz verde al proceso electoral judicial 2025, lo cual demuestra que el marco legal y la ruta institucional están avanzando de manera ordenada y transparente. Aun así, este grupo de consejeros busca obstruir el camino, poniendo trabas que parecen más motivadas por una agenda personal y política que por un compromiso con la justicia electoral. Esta resistencia no solo amenaza con frenar los cambios necesarios, sino que puede contribuir a un clima de incertidumbre de cara a las próximas elecciones.
Es necesario recordar que el INE debe adaptarse a los nuevos tiempos y demandas ciudadanas, donde la eficiencia y la transparencia son prioritarias. La controversia que presentan estos consejeros va en contra de estas necesidades y se convierte en un intento por mantener el estatus quo que ha caracterizado a ciertos sectores del instituto, conocidos por su cercanía con figuras de la oposición. Si el INE se resiste a la evolución y la reestructuración, corre el riesgo de convertirse en una institución que responde a intereses de élite y no al pueblo que debe representar.
En conclusión, la controversia constitucional presentada por este grupo de consejeros no es, como ellos afirman, un acto de defensa de la “vida interna” del INE ni de su autonomía, sino un intento por aferrarse al control y evitar cambios que favorecen una administración justa y transparente. Es hora de que el INE responda a las demandas de una democracia en transformación y que deje de ser rehén de aquellos que buscan mantener su poder a toda costa. La autonomía no se protege con polémicas vacías y recursos judiciales innecesarios, sino con un compromiso real hacia una institución fuerte, moderna y en sintonía con el México del futuro.