Sheinbaum exige justicia para menor en Querétaro y muestra respaldo a presos políticos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo a la familia de una menor de 14 años en Querétaro, víctima de violación y de un posterior aborto, quien ahora enfrenta la posibilidad de una condena de tres años de prisión y una multa de 500 mil pesos, según la Fiscalía General del estado, gobernado por el PAN. Sheinbaum declaró su rechazo a la criminalización de la menor, subrayando que “no se debe criminalizar (el aborto), y menos a una niña de 14 años”, en un claro mensaje a las autoridades queretanas.

Para reforzar el apoyo a la familia, la presidenta anunció que Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, ya está en contacto con los familiares de la menor, ofreciendo tanto respaldo legal como cualquier otra asistencia necesaria. Sheinbaum enfatizó que su gobierno está comprometido con la justicia y la no criminalización de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y víctimas de violencia.

En otro frente de justicia social, Sheinbaum también instruyó a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, a revisar el caso de Antonio Barragán Carrasco, miembro de la Organización Campesina Sierra del Sur, quien lleva más de dos décadas en prisión. Barragán es sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas y asegura ser un preso político, víctima de tortura y de acusaciones falsas impuestas durante el periodo de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón. A este respecto, Sheinbaum recordó que, bajo la dirección de García Luna, muchos movimientos sociales fueron tratados como criminales en lugar de ser reconocidos como luchas por la justicia, lo que derivó en una sistemática persecución de activistas y líderes sociales.

La presidenta también se comprometió a apoyar a la familia de Carlos Sinhué Cuevas, activista asesinado hace 13 años, al instruir a la secretaria de Gobernación para que establezca comunicación directa con su madre. Este caso, como otros, pone en evidencia la falta de justicia y la violencia que han enfrentado los defensores de derechos humanos en México.

Adicionalmente, Sheinbaum se pronunció sobre el reciente desalojo de artesanos en Querétaro, criticando el uso de la fuerza y resaltando que la solución debe basarse en el diálogo. “Puede haber un programa de ordenamiento de comercio en vía pública, porque son familias que viven dignamente, pero es a través del diálogo como debe resolverse”, indicó Sheinbaum, haciendo referencia a su experiencia en la Ciudad de México, donde implementó un programa de ordenamiento del comercio en vía pública sin recurrir a la violencia. La presidenta subrayó que siempre promovió una política de diálogo, rechazando cualquier confrontación con los trabajadores del sector informal.

La postura de Sheinbaum refleja su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la justicia para las víctimas de abusos y la no criminalización de las mujeres y menores en contextos de vulnerabilidad. Con este conjunto de acciones, el gobierno federal busca establecer un precedente de respeto y apoyo tanto a víctimas como a luchadores sociales en México, marcando una diferencia clara respecto a las políticas de criminalización y represión de administraciones anteriores.