Reforma judicial: ministro González Alcántara propone cambios que blindan el sistema democrático
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha presentado un proyecto de reforma judicial enfocado en proteger los principios democráticos de México, depurando artículos clave de la reciente reforma para preservar la estabilidad institucional y el acceso a una justicia imparcial. Entre las propuestas principales del ministro destaca la anulación de la elección popular de jueces y magistrados, planteando en su lugar que los cargos más altos, como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Consejo de la Judicatura Federal, sigan siendo designados mediante procesos internos.
El proyecto, que se discutirá en el pleno de la SCJN el próximo jueves, también aborda varias acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos de oposición, como el PRI, PAN y MC. Sin embargo, deja de lado las promovidas por el Partido Unidad Democrática de Coahuila y algunos legisladores de Zacatecas.
Uno de los ejes centrales del proyecto es invalidar la propuesta de elección popular para los más de 1,600 jueces de distrito y magistrados de circuito. González Alcántara argumenta que el sistema de listas y postulaciones diseñado no garantiza la imparcialidad ni la capacidad judicial que requiere el sistema democrático de México. Al respecto, señala que “el sistema analizado no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático”. A su juicio, las personas juzgadoras deben ser seleccionadas mediante mecanismos que ofrezcan confianza en su habilidad para impartir justicia, y considera que el método actual no asegura perfiles idóneos.
Además, el proyecto pone fin a la figura de jueces sin rostro, que se había propuesto para casos de delincuencia organizada. González Alcántara subraya que esta medida, aunque pretende proteger a los jueces, pone en riesgo los derechos de los imputados al dificultar la transparencia en los procesos judiciales. “Es un menoscabo directo de las garantías básicas del debido proceso legal”, sostiene el ministro, asegurando que el anonimato en este tipo de procesos va en contra de los principios de justicia.
En cuanto a las condiciones laborales del Poder Judicial, el ministro plantea que no se reduzcan las remuneraciones de los jueces y magistrados en funciones, aunque avala que esta medida se aplique para quienes ingresen al sistema en el futuro. Igualmente, el proyecto critica y propone invalidar ciertas limitaciones impuestas en los juicios de amparo, específicamente en casos donde se reclama la inconstitucionalidad de normas generales, permitiendo que la suspensión pueda tener efectos generales.
Otro punto relevante es la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que sería reemplazado por el Tribunal de Disciplina y un Órgano de Administración. No obstante, el proyecto plantea suprimir algunas facultades que se le habían conferido a este órgano y revocar el carácter inatacable de sus resoluciones, promoviendo una mayor transparencia y control.
Finalmente, el proyecto valida la extinción de los fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que suman más de 15 mil millones de pesos. La eliminación de estos fondos se enmarca en el contexto de un gasto más racional y alineado a las prioridades nacionales.
Con este proyecto, el ministro González Alcántara busca resolver la crisis constitucional en curso, destacando la importancia de restablecer la normalidad en las relaciones entre los poderes de la Unión.