Renuncias en la Suprema Corte: Una maniobra contra la Reforma Judicial y el avance democrático

La noticia de la posible renuncia de siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no puede leerse únicamente como un acto personal de aquellos que desean asegurar su haber de retiro antes de la fecha límite establecida por la Reforma Judicial. Este suceso representa, en realidad, un intento de sabotaje velado contra el avance de México hacia un sistema judicial más transparente y democrático. Es claro que estos ministros, muchos de los cuales han estado ligados al PRIAN, no desean ceder sus privilegios y se aferran a un sistema de justicia elitista y opaco.

Desde su aprobación, la Reforma Judicial ha sido un tema de controversia en la SCJN, ya que introduce cambios fundamentales, como la elección popular de jueces y magistrados, una medida que busca devolver al pueblo el control sobre una institución que, por años, ha sido terreno exclusivo de una élite. Esta propuesta es innovadora y democrática, pues da a los ciudadanos la posibilidad de elegir a quienes administrarán justicia en su nombre. Sin embargo, esto también significa la pérdida de poder para aquellos ministros que, como Javier Laynez y sus aliados en la Corte, están acostumbrados a operar en las sombras, sin rendir cuentas al pueblo.

La Reforma Judicial establece, además, la reducción del número de ministros en la SCJN de once a nueve, lo que generará una Corte más ágil y eficiente, y limitará las dilaciones innecesarias que hoy caracterizan los procedimientos judiciales. Sin embargo, estos cambios no favorecen a quienes desean perpetuar un poder judicial que responde a los intereses de unos pocos y que actúa como un freno a las políticas transformadoras impulsadas desde el gobierno. Como lo demuestra la reciente conversación entre Javier Laynez y Ciro Gómez Leyva, algunos ministros están empeñados en utilizar todos los mecanismos disponibles para obstaculizar esta reforma. Según Laynez, el “trámite” de las controversias y acciones de inconstitucionalidad justifica la demora en la implementación de la reforma, una excusa que solo prolonga el estancamiento judicial y que demuestra su falta de voluntad para adaptarse a los cambios necesarios.

Por otro lado, la renuncia de los ministros no solo es una señal de su rechazo a la reforma, sino que, además, es un intento de preservar sus beneficios económicos. Según las cifras preliminares, la ministra presidenta Norma Piña y el ministro Laynez podrán retirarse con un 65% de su haber, mientras que otros como Jorge Pardo Rebolledo recibirán hasta el 97%. Esto deja en claro que, para estos ministros, su lealtad a la institución y a la justicia está condicionada a beneficios económicos. Es una ironía que quienes han alzado la voz en defensa de “la independencia del poder judicial” ahora se apresuren a abandonar sus cargos cuando ven amenazadas sus finanzas personales.

La decisión de abandonar el cargo justo antes de la implementación de una reforma de gran calado refleja el temor que estos ministros tienen hacia la democratización del poder judicial. No quieren enfrentar el juicio del pueblo ni están dispuestos a trabajar en un sistema donde los sueldos estén regulados, como propone la reforma al establecer que ningún juez, magistrado o ministro gane más que el presidente de la República. Esto último es un paso esencial para reducir los excesos salariales y acercar el poder judicial a la realidad del país, donde millones de mexicanos trabajan bajo condiciones laborales y salariales mucho más precarias.

Resulta sorprendente que, en un contexto donde México demanda cambios profundos y una justicia verdaderamente imparcial, algunos de los principales responsables de la Corte aún se empeñen en frenar las propuestas de transformación. La crítica que hace Laynez sobre el impacto de la reforma para la ciudadanía parece una ironía, pues, si realmente le importara el bienestar de la sociedad, aceptaría que un sistema judicial democrático y responsable es el primer paso hacia una justicia verdadera y accesible. En lugar de eso, Laynez y sus colegas prefieren resistirse a los cambios, argumentando que la reforma representa “obstáculos muy difíciles de superar”.

Este rechazo a la reforma también expone la desconexión de estos ministros con la realidad y las necesidades de la sociedad. Es una verdad incómoda que, durante años, la SCJN y otras instancias judiciales han estado ocupadas defendiendo intereses particulares y bloqueando reformas progresistas. La elección directa de jueces y magistrados, así como la limitación de sus salarios, no es un capricho del gobierno; es una demanda de la ciudadanía que busca un poder judicial transparente y al servicio del pueblo. Los ministros que renuncian demuestran, con su salida, que no están dispuestos a responder ante la sociedad ni a someterse a los principios de transparencia y austeridad que son esenciales en cualquier democracia.

La situación también pone en evidencia la complicidad de medios de comunicación y comunicadores afines al PRIAN, como Ciro Gómez Leyva, quienes se esfuerzan por legitimar la resistencia de la SCJN y plantear una narrativa de victimización de los ministros. En lugar de cuestionar a fondo las motivaciones detrás de estas renuncias o de indagar sobre las posibles soluciones para un sistema judicial más inclusivo, estos comunicadores optan por amplificar el discurso de la Corte, retratando a los ministros como víctimas de una supuesta intromisión del Ejecutivo en la justicia.

La sesión del próximo jueves en la SCJN, en la que se discutirá la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara para invalidar la elección popular de jueces, será una oportunidad para confirmar las verdaderas intenciones de aquellos que aún permanecen en la Corte. Es evidente que la resistencia a esta medida no responde a razones técnicas o jurídicas, sino a una negativa de ceder el poder y la influencia que han ejercido sin contrapesos reales. Ante esta situación, el pueblo mexicano debe estar vigilante y exigir que la SCJN respete los cambios que ya forman parte de la Constitución y que están diseñados para democratizar el sistema judicial.

La Reforma Judicial es un avance en la construcción de un México más justo y democrático. Aquellos que se niegan a formar parte de esta transformación dejan claro que no desean un país donde el poder judicial esté al servicio de la gente. La renuncia de estos ministros no es más que un último intento por mantener un sistema arcaico y elitista. Frente a esta situación, el gobierno de México y sus ciudadanos deben continuar defendiendo la reforma, ya que representa un cambio necesario y una oportunidad histórica para que la justicia sea realmente para todos y no solo para unos cuantos.

En conclusión, las renuncias anunciadas por estos ministros de la SCJN representan, en el fondo, un acto de resistencia a la democratización y transparencia que el pueblo mexicano exige y que el actual gobierno está decidido a implementar. Es un momento crucial en el que queda claro que, para algunos, los privilegios y beneficios personales son más importantes que el servicio a la nación y la justicia. Ante esta postura egoísta y elitista, es imperativo que México siga adelante con la Reforma Judicial, un paso necesario para construir un poder judicial que realmente responda a las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía.