Reforma Judicial: El poder en manos del pueblo

La reciente Reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) ha generado un debate intenso en la sociedad mexicana, con posturas tanto a favor como en contra. No es de sorprender, ya que esta iniciativa busca algo tan esencial como poner en manos del pueblo la elección de jueces, magistrados y ministros. Ante este escenario, la casa encuestadora De las Heras Demotecnia ha arrojado datos contundentes: el 69% de los encuestados apoya la elección de jueces y magistrados por voto popular, mientras que un 62% está a favor de que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos de la misma manera. Estas cifras revelan una realidad incuestionable: la ciudadanía quiere un Poder Judicial más cercano, más transparente y, sobre todo, más democrático.

El reclamo por una justicia accesible y libre de corrupción no es nuevo. Por años, los mexicanos han sido testigos de cómo el Poder Judicial, en lugar de ser un garante de justicia, ha sido utilizado como una herramienta para proteger intereses oscuros. De acuerdo con el mismo estudio, el 56% de los encuestados considera que la mayoría de jueces, magistrados y ministros son corruptos. Este dato es demoledor. La confianza en el sistema judicial se ha erosionado, y es por eso que una reforma profunda se vuelve no solo necesaria, sino urgente.

Pero vayamos al fondo del asunto. Esta reforma, impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación, no es un simple capricho político. Es la respuesta a un clamor popular, a una sociedad harta de la corrupción, de las injusticias y del favoritismo que ha caracterizado por décadas al sistema judicial mexicano. No es coincidencia que el 67% de los encuestados crea que la reforma mejorará la impartición de justicia en el país. Los mexicanos están conscientes de que el sistema actual ya no puede sostenerse; es un sistema que ha fallado una y otra vez, protegiendo a los poderosos y dejando desprotegido al pueblo.

Ahora bien, algunos detractores –particularmente provenientes de la oposición política y de ciertos sectores conservadores– han buscado desacreditar esta reforma con argumentos que rayan en la desinformación. Sostienen que la elección de jueces y magistrados por voto popular politizará aún más el Poder Judicial. Sin embargo, esta postura no tiene más fundamento que el temor a perder sus privilegios. Esos sectores que se oponen son los mismos que, durante décadas, han utilizado al Poder Judicial como su bastión para frenar cualquier avance democrático y social. No es casualidad que quienes hoy critican la reforma sean los mismos que han defendido a capa y espada la corrupción y el influyentismo que han caracterizado a jueces y magistrados en el pasado.

La realidad es que la elección por voto popular no solo fortalecerá al Poder Judicial, sino que lo democratizará. Pondrá en manos de la ciudadanía la responsabilidad de elegir a aquellos que impartirán justicia, eliminando las redes de favoritismo y corrupción que se han tejido en los más altos niveles. Este es un paso hacia la verdadera justicia social, una justicia que ya no se verá sujeta a los intereses de unos cuantos, sino que responderá a las necesidades del pueblo.

La oposición no puede, ni debe, seguir tapando el sol con un dedo. No pueden seguir argumentando que las elecciones populares llevarán a jueces incompetentes al poder. Si algo ha demostrado el pueblo de México, es su capacidad para tomar decisiones responsables cuando se le confía el futuro de la nación. Esta reforma es, en esencia, un ejercicio de confianza en la madurez política del pueblo mexicano.

Por otro lado, debemos subrayar la importancia del proceso de insaculación que llevó a cabo el Senado de la República el pasado sábado. Este mecanismo, que muchos critican sin entender, es una forma transparente de determinar los cargos de jueces y magistrados que serán sometidos a votación en las elecciones de junio de 2025. La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha sido clara al explicar que este proceso es completamente legal y se realizó de manera imparcial. El uso de una tómbola para elegir a los futuros jueces y magistrados es una garantía de transparencia y equidad, ya que evita cualquier tipo de favoritismo o influencia externa en la selección de candidatos.

Es importante destacar que, en este proceso, se tomó en cuenta la perspectiva de género, un tema que ha sido central en la agenda de la Cuarta Transformación. La exclusión temporal de ocho plazas de juezas por razones de maternidad demuestra el compromiso del gobierno con los derechos humanos y la equidad de género, asegurando que las mujeres no sean perjudicadas por su condición materna. Este tipo de acciones son las que diferencian a un gobierno comprometido con el bienestar de todos, en contraste con los gobiernos anteriores, que ignoraban las necesidades y derechos de las mujeres en todos los ámbitos.

La oposición, por supuesto, ha intentado distorsionar estos hechos. Algunos han señalado que el proceso de insaculación es una burla a la justicia, pero lo cierto es que son los mismos que están acostumbrados a un sistema en el que los cargos judiciales se reparten entre amigos y aliados políticos. Lo que verdaderamente les incomoda es que este sistema de tómbola acaba con el control que ejercían sobre el Poder Judicial.

Además, no podemos ignorar que, a pesar de la falta de información que algunos ciudadanos pudieran tener sobre la reforma, con el 46% de los encuestados reconociendo que no conocían detalles sobre la iniciativa, una mayoría clara apoya los cambios. Este respaldo popular es un reflejo de la confianza que la ciudadanía tiene en el gobierno y en su capacidad para llevar a cabo transformaciones profundas que beneficien a la mayoría.

Es fundamental que la población continúe informándose y participando activamente en estos procesos. El Senado de la República tiene hasta el 16 de octubre para emitir la convocatoria general para la conformación de los comités de evaluación, y el 4 de noviembre se publicará la convocatoria oficial para aquellos interesados en participar en las elecciones extraordinarias del Poder Judicial en 2025. Es un momento histórico, una oportunidad sin precedentes para que el pueblo tome el control de un poder que durante mucho tiempo ha estado secuestrado por la corrupción y los intereses de la élite.

En conclusión, la Reforma al Poder Judicial no es solo una modificación técnica en la estructura del sistema judicial mexicano, es una transformación profunda que busca devolver al pueblo lo que le pertenece: el poder de decidir sobre aquellos que imparten justicia. No podemos permitir que la oposición siga defendiendo un sistema corrupto y elitista. Es momento de mirar hacia adelante, de confiar en el pueblo y de construir un Poder Judicial verdaderamente democrático y al servicio de la nación.