Rechazo a propuesta de constructora estatal en Infonavit: sectores obrero y patronal piden mantener modelo actual
La representación obrera y patronal ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) expresó su rechazo a la propuesta del nuevo gobierno federal de crear una empresa constructora estatal para la edificación de un millón de viviendas, tal como fue planteado en la 132 Asamblea General Extraordinaria del organismo. A pesar de compartir el objetivo de construir un millón de viviendas, de las cuales 500 mil serían gestionadas por el Infonavit, ambos sectores mostraron su desacuerdo con la idea de que el instituto opere directamente como constructor.
El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, defendió la propuesta, subrayando que la constitución de una empresa estatal de construcción permitiría garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente para grupos prioritarios como jefas de familia, jóvenes y adultos mayores. Romero Oropeza argumentó que, a través de la adquisición consolidada de materiales y servicios, los costos de construcción podrían reducirse, lo que además generaría empleo en distintas regiones del país. Asimismo, reiteró que el Programa Nacional de Vivienda y Regularización sería una prioridad durante su gestión.
Sin embargo, representantes de los sectores obrero y empresarial manifestaron sus preocupaciones respecto a la viabilidad y las implicaciones de esta propuesta. Claudia Esqueda Llanes, representante de los trabajadores, señaló que la creación de una constructora estatal sería un “giro regresivo” que traería consigo complicaciones operativas y normativas. Esqueda sugirió en su lugar habilitar al Infonavit como un organismo que financie directamente a las mejores empresas constructoras o que invierta en instrumentos financieros especializados, con el fin de aprovechar la experiencia del sector privado sin los riesgos de crear una nueva entidad estatal de construcción.
José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), compartió esta visión, afirmando que la constructora estatal sería un retroceso en el modelo actual. Señaló que, en lugar de optar por una entidad estatal, el Infonavit debería aprovechar el tripartismo que lo caracteriza, es decir, la colaboración entre trabajadores, empresas y el gobierno. Según Medina Mora, el sector privado ofrece competitividad y especialización en la construcción de viviendas, lo que sería más eficiente que la creación de una nueva burocracia.
Por su parte, Luis Alberto Moreno Gómez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), advirtió que la conformación de una constructora estatal llevaría entre 18 y 24 meses, además de requerir una estructura organizacional de hasta 12 mil personas a nivel nacional. Según Moreno Gómez, este proceso no solo sería lento, sino que también incrementaría los costos y complicaciones administrativas.
A pesar de estas diferencias, todos los actores coincidieron en la necesidad de construir un millón de viviendas para atender la demanda en México. No obstante, la discusión sobre cómo alcanzar este objetivo continuará, ya que tanto los representantes obreros como patronales defienden que la mejor opción es mantener el modelo actual, en el que el Infonavit juega un rol facilitador y financiero, pero no como constructor directo.
El debate en torno a esta propuesta de reforma al artículo 123 constitucional y la estructura del Infonavit continuará en los próximos meses, mientras el gobierno busca consensuar con los sectores involucrados para garantizar el acceso a viviendas dignas sin comprometer la eficiencia ni la sostenibilidad del sistema actual.