Organizaciones presentan agenda migratoria para nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum
Con el inicio del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han presentado una agenda migratoria y de asilo compuesta por 11 ejes clave, centrados en la seguridad humana y la garantía de los derechos de las personas en movilidad. Estas organizaciones destacaron la necesidad de avanzar en una política más enfocada en la protección de los migrantes, en lugar de priorizar el control y la contención migratoria.
Aunque reconocieron ciertos avances en la política migratoria, los defensores señalaron que el enfoque estatal aún está dominado por el control de las personas migrantes, llevado a cabo no solo por el Instituto Nacional de Migración (INM), sino también por la Guardia Nacional (GN). Este contexto, afirmaron, ha generado situaciones donde los derechos fundamentales de las personas migrantes se ven violados.
Uno de los puntos positivos mencionados fue el nombramiento de Sergio Salomón, exgobernador de Puebla, como nuevo titular del INM por parte de Sheinbaum. Las organizaciones valoraron que Salomón no tenga un perfil militar, a diferencia del actual comisionado, Francisco Garduño, lo que podría favorecer un enfoque más humanitario y menos vinculado a la seguridad pública.
Melissa Vértiz, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, enfatizó la importancia de garantizar que los perfiles dentro del INM sean civiles y cuenten con especialización en derechos humanos. Las organizaciones hicieron un llamado a Salomón para dialogar con la sociedad civil y promover acciones concretas, como la regularización migratoria.
Por su parte, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), resaltó algunos de los puntos clave de la agenda, como la necesidad de construir una política de integración sostenible, fortalecer el sistema de asilo y garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes. También subrayó la importancia de reconocer el cambio climático y los desastres naturales como causas estructurales de la movilidad forzada.
Kuhner también destacó que en 2023 se registraron 140 mil solicitudes de asilo en México, mientras que más de 770 mil eventos de detención migratoria tuvieron lugar ese mismo año, un reflejo del creciente flujo de personas en tránsito hacia y dentro del país. Además, subrayó que 214 mil personas mexicanas fueron deportadas el año pasado, lo que refuerza la necesidad de una política integral de integración para todas las poblaciones migrantes y deportadas.
En este sentido, la agenda migratoria hace hincapié en la urgencia de emitir documentos migratorios como tarjetas de visitantes por razones humanitarias, las cuales, según Kuhner, el INM ha dejado de emitir. Estos documentos son vitales para garantizar que las personas migrantes víctimas o testigos de delitos, así como niños y solicitantes de asilo, tengan acceso a protección legal.
Finalmente, las organizaciones subrayaron que las personas migrantes necesitan acceso a programas sociales, educación, vivienda y otros derechos básicos para integrarse plenamente en la sociedad mexicana, y pidieron al nuevo gobierno que avance en estas áreas para asegurar una política migratoria más humana y efectiva.