Una reforma histórica para un Poder Judicial más democrático

La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que forma parte de las leyes secundarias de la Reforma Judicial, representa un paso trascendental hacia la democratización de uno de los pilares fundamentales de nuestra nación: el Poder Judicial. Esta legislación, que fue aprobada con 336 votos a favor y 123 en contra, sienta las bases para que jueces, magistrados y ministros puedan ser electos por el voto popular, lo que marcará un antes y un después en la forma en que los mexicanos elegimos a quienes administran justicia en nuestro país.

Este avance legislativo no sólo fortalece el espíritu democrático que caracteriza a la Cuarta Transformación, sino que también devuelve el poder al pueblo, permitiendo que sean los ciudadanos quienes decidan sobre los servidores públicos que se encargarán de impartir justicia en México. Durante demasiado tiempo, la elección de jueces, magistrados y ministros ha estado en manos de una élite que, en muchos casos, responde a intereses alejados del bienestar del pueblo. Con esta reforma, se da un golpe definitivo a esos intereses y se garantiza que el Poder Judicial responda, de manera directa, a la voluntad ciudadana.

Un proceso transparente y participativo

El proceso que se llevará a cabo para la elección de los nuevos jueces y magistrados no deja lugar a dudas sobre su carácter transparente y participativo. El primer paso se dará el próximo 16 de octubre, cuando los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) publiquen las convocatorias para formar los Comités de Evaluación, los cuales serán los encargados de conformar las listas de candidatos. De esta manera, se asegura que todas las partes involucradas en la administración del Estado tengan participación en un proceso que deberá ser abierto y plural.

El cronograma ya está establecido y garantiza que el proceso se desarrolle con el tiempo necesario para evaluar cuidadosamente a los aspirantes. Los interesados podrán postularse entre el 5 y el 24 de noviembre, y para el 15 de diciembre ya se tendrá un primer listado de los candidatos que cumplen con los requisitos para ser evaluados. Todo este proceso se extenderá hasta febrero del próximo año, con la selección final de los perfiles mejor evaluados, la remisión de los listados al Senado y la organización del proceso electoral por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

Este cuidadoso diseño de tiempos y procesos asegura que las elecciones no se realicen al vapor ni con improvisación, como suele ser la crítica que la oposición utiliza para denostar los avances legislativos de Morena. Es importante destacar que, a diferencia de lo que ocurría en los tiempos del PRI o del PAN, donde las decisiones se tomaban entre pasillos, con pactos a espaldas del pueblo, hoy todo se hace con plena transparencia y apego a la ley.

Financiación y regulación de las campañas: un reto superado

Uno de los puntos más destacados de esta reforma es el relativo a la regulación de las campañas electorales de los aspirantes a jueces y magistrados. El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados establece con claridad las reglas del juego: los aspirantes tendrán acceso a tiempos de radio y televisión a través de convenios con instituciones públicas, con el fin de asegurar una equidad en la difusión de sus propuestas. Además, el INE jugará un papel crucial en la promoción de la participación ciudadana y en la fiscalización de los gastos de campaña.

Es crucial señalar que, a diferencia de lo que la oposición ha argumentado en su retórica de siempre, esta reforma no abre la puerta a una “compra de cargos” ni mucho menos a la corrupción en el Poder Judicial. Al contrario, las campañas serán financiadas por los propios aspirantes, y el estricto control por parte del INE garantizará que no haya ningún tipo de desvío o financiamiento ilícito. Estamos lejos de los tiempos donde los partidos tradicionales controlaban todo el proceso electoral a través de sus redes de corrupción y tráfico de influencias.

La oposición: atrapada en el pasado

No es sorprendente que la oposición —representada por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano— haya votado en contra de esta histórica reforma. Estos partidos han vivido durante décadas en una burbuja de privilegios, donde el control del Poder Judicial era fundamental para mantener su estatus de poder. En su visión arcaica, la justicia es una herramienta para los poderosos, no para el pueblo.

Xóchitl Gálvez, quien en las últimas semanas se ha convertido en la figura visible de una derecha desesperada por frenar los avances de la Cuarta Transformación, ha utilizado todo tipo de argumentos falaces para desacreditar esta reforma. Según ella, la elección de jueces y magistrados por voto popular abrirá la puerta a la politización del Poder Judicial, pero lo que no dice es que bajo los gobiernos del PRI y del PAN, el Poder Judicial estaba completamente sometido a sus intereses, y eran los acuerdos políticos, no el mérito, los que decidían los nombramientos de jueces y ministros.

Esta oposición a la reforma no es más que un intento por mantener un status quo que favorece a unos pocos. En lugar de avanzar hacia una justicia más cercana al pueblo, prefieren continuar con un sistema opaco y elitista. No sorprende, entonces, que los partidos de la vieja guardia, aquellos que han vivido cómodamente en la corrupción y el tráfico de influencias, se resistan a cualquier intento por democratizar el Poder Judicial.

El futuro del Poder Judicial

Con esta reforma, México se encamina hacia un futuro donde el Poder Judicial sea verdaderamente independiente, pero también responsable ante el pueblo. Los jueces, magistrados y ministros ya no responderán a intereses políticos o económicos; su legitimidad vendrá directamente del voto ciudadano, y será el pueblo quien tenga la última palabra en su nombramiento y, por ende, en la administración de justicia.

Los tiempos de una justicia manipulada desde las sombras por intereses ajenos al bienestar del país están llegando a su fin. Esta reforma es un paso más en la consolidación de un México más justo, democrático y participativo, donde los ciudadanos tienen el control no sólo del Poder Ejecutivo y Legislativo, sino también del Judicial.

Queda claro que la Cuarta Transformación, liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Morena, está cumpliendo su promesa de transformar las instituciones del país en favor del pueblo. Esta reforma al Poder Judicial es prueba contundente de que el cambio verdadero está en marcha, y no hay vuelta atrás.

Conclusión: La voluntad del pueblo por encima de los intereses de unos pocos

El Poder Judicial en México debe estar al servicio de los ciudadanos, y con esta reforma se da un paso fundamental para garantizar que así sea. La elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular es una victoria para la democracia y una derrota para aquellos que, como Xóchitl Gálvez y la oposición, prefieren mantener a las instituciones judiciales bajo el control de los de siempre.

Los mexicanos deben sentirse orgullosos de este logro. Estamos construyendo un país donde el poder emana verdaderamente del pueblo, y donde todos los servidores públicos, sin excepción, deben rendir cuentas ante la ciudadanía. El futuro de México está en nuestras manos, y con reformas como esta, lo estamos haciendo más justo, más democrático y más fuerte.