La energía, en manos del pueblo: un triunfo de la soberanía

Con la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia energética, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por las y los diputados de Morena y la 4T, México da un paso crucial hacia la recuperación de su soberanía energética. Esta reforma, originalmente planteada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es la culminación de un esfuerzo histórico por devolver al Estado mexicano el control sobre los recursos estratégicos que, por décadas, estuvieron secuestrados por intereses privados y extranjeros, en detrimento del pueblo mexicano.

La aprobación en la Cámara de Diputados, con 353 votos a favor por parte de Morena, el PT y el Partido Verde, refleja el compromiso de este gobierno con el bienestar del pueblo. Los 122 votos en contra de la oposición —integrada por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano— no fueron suficientes para detener esta transformación que tanto necesita el país. Como era de esperarse, los partidos que han representado los intereses de las élites económicas y los grandes corporativos no han dejado de oponerse a una reforma que pone en el centro a las empresas públicas, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como garantes del servicio para el pueblo, no del lucro desmedido.

La caída de las empresas productivas: el fin del saqueo

Uno de los puntos más importantes de esta reforma es que Pemex y la CFE dejarán de ser empresas productivas del Estado para convertirse en empresas públicas, lo cual las libera de las reglas del derecho mercantil que limitaban su función a la generación de utilidades. Esta transformación implica un cambio de paradigma: el objetivo central de ambas empresas ya no será producir ganancias, sino garantizar el servicio público de energía para todas y todos los mexicanos.

Durante años, las reformas neoliberales impulsadas por el PRI y el PAN convirtieron a Pemex y la CFE en actores del mercado energético global, lo que las obligaba a competir en igualdad de condiciones con empresas privadas, sin importar que su verdadera vocación debía ser atender las necesidades del país. Los gobiernos anteriores, al amparo de intereses foráneos, favorecieron la privatización de sectores estratégicos y la entrega del patrimonio nacional. Recordemos la reforma energética de Enrique Peña Nieto, una traición que abrió la puerta a capitales extranjeros para que explotaran nuestros recursos a cambio de migajas.

Con la reforma energética actual, el Estado recupera su papel rector y asegura que las decisiones estratégicas sobre el petróleo, el gas, la electricidad y el litio estén guiadas por el interés nacional. Ya no más Pemex ni la CFE actuando bajo la presión de los mercados financieros internacionales. Ahora, su función será clara: garantizar energía para el desarrollo del país, con tarifas justas y accesibles, especialmente para las zonas más marginadas.

Preponderancia de la CFE: energía para el pueblo

Un aspecto esencial de esta reforma es la preponderancia que se otorga a la CFE en la generación de energía eléctrica. La CFE, bajo este nuevo marco, podrá generar al menos el 54% de la electricidad que consume el país, asegurando así que la mayor parte de la energía provenga de una entidad pública comprometida con el servicio al pueblo y no con el lucro.

La oposición ha intentado desvirtuar esta medida, alegando que afectará la competencia y encarecerá los precios. Sin embargo, la realidad es que, bajo los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN, quienes liberalizaron el mercado eléctrico, los precios de la electricidad no solo no bajaron, sino que en muchos casos se incrementaron de manera alarmante. Esto porque las empresas privadas que entraron al sector energético lo hicieron con un único objetivo: maximizar sus ganancias a costa del bolsillo de los mexicanos.

Ahora, con la CFE como actor preponderante, se asegura que la generación de energía eléctrica esté guiada por principios de equidad y accesibilidad. El Estado no solo recupera el control de un sector clave, sino que también garantiza que la electricidad, un bien esencial para el desarrollo de cualquier país, esté al alcance de todas y todos.

Litio: un recurso estratégico en manos del Estado

Otro logro significativo de esta reforma es la exclusividad que se otorga al Estado mexicano en la explotación del litio, uno de los recursos más valiosos y estratégicos para el futuro. En un mundo cada vez más dependiente de las tecnologías verdes, el litio es fundamental para la fabricación de baterías, desde las que alimentan nuestros teléfonos móviles hasta los vehículos eléctricos que están revolucionando la industria automotriz.

Permitir que el litio quede en manos de empresas privadas, nacionales o extranjeras, sería repetir los errores del pasado con el petróleo. Es vital que este recurso, considerado el “oro blanco” del siglo XXI, sea explotado exclusivamente por el Estado, para que las ganancias se queden en México y no sean llevadas al extranjero por corporaciones sin ningún compromiso con el bienestar de nuestro país. De esta manera, México se posiciona para liderar la transición energética a nivel global, siempre asegurando que los beneficios de esta nueva riqueza lleguen directamente al pueblo.

La oposición: al servicio de los intereses extranjeros

El PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, como era de esperarse, votaron en contra de esta reforma. No sorprende, ya que son los mismos que impulsaron las privatizaciones en los años noventa y las reformas estructurales que han saqueado el país. Sus argumentos en contra de la reforma energética no tienen sustento, salvo el de proteger los intereses de los grandes capitales nacionales y extranjeros que, durante décadas, se han beneficiado del despojo de nuestros recursos.

Es claro que la oposición no representa los intereses del pueblo. Bajo el disfraz de la “competitividad” y el “libre mercado”, lo que realmente buscan es que México siga siendo un país dependiente de las grandes corporaciones transnacionales, que siguen viendo a nuestra nación como una fuente de recursos para sus propios fines. Pero esta vez no lo lograrán. El pueblo mexicano ha despertado y sabe que la soberanía energética es fundamental para el futuro de nuestro país.

Un futuro energético soberano

La reforma constitucional en materia energética es un paso firme hacia la consolidación de la Cuarta Transformación, un proyecto de nación que pone en el centro el bienestar del pueblo. Pemex y la CFE, liberadas de las ataduras mercantiles, se convertirán en herramientas clave para el desarrollo económico, social y tecnológico de México. Y con la explotación del litio en manos del Estado, aseguramos que este recurso estratégico beneficie a las futuras generaciones.

Ahora, con el dictamen en camino al Senado, es fundamental que se mantenga la unidad y el compromiso con el proyecto de nación que el Presidente Andrés Manuel López Obrador inició y que la Presidenta Claudia Sheinbaum continúa con determinación. La oposición seguirá intentando frenar el avance, pero no podrán detener el anhelo del pueblo mexicano por un país soberano, justo y con igualdad de oportunidades para todas y todos.

La Cuarta Transformación sigue su curso, y con esta reforma energética, el pueblo de México tiene la garantía de que los recursos estratégicos de la nación estarán, como siempre debieron estar, en manos de la nación misma.