La Reforma Judicial: El Mandato del Pueblo por encima de las Élites
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dejado claro que la Reforma al Poder Judicial es una realidad innegable, consagrada ya en la Constitución mexicana. Con su declaración en la conferencia matutina, reafirma que esta transformación fue un mandato popular, expresado a través del voto de millones de mexicanos que, en las pasadas elecciones, exigieron un cambio profundo en las instituciones que antes servían a las élites y no al pueblo. La oposición, que incluye a figuras como el exgobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue, y la actual gobernadora, Libia Denisse García Muñoz Ledo, puede recurrir a los tribunales, pero el curso de la historia ya está definido.
La impugnación de la Reforma Judicial presentada por el gobierno panista de Guanajuato es un claro ejemplo de cómo las fuerzas conservadoras, aferradas a sus privilegios, intentan frenar una transformación que ya ha sido decidida por la mayoría de los mexicanos. Sheinbaum lo dijo con firmeza: no hay amparos ni análisis que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puedan usar para detener esta reforma, porque fue aprobada bajo un proceso legislativo transparente y legítimo.
Este proceso, además, contó con el respaldo no solo del pueblo, sino también de los legisladores de Morena y sus aliados en el Congreso, quienes, impulsados por la agenda transformadora de la Cuarta Transformación (4T), han trabajado incansablemente para lograr cambios estructurales en el país. La reforma judicial era una de las principales banderas de campaña de Sheinbaum, un compromiso que ahora se cumple pese a los intentos desesperados de la oposición por detener el avance de la justicia en México.
Es importante destacar que la Reforma Judicial no es simplemente un cambio cosmético en las leyes, sino una reestructuración profunda del sistema judicial que busca eliminar la corrupción, el nepotismo y los privilegios que durante décadas han permeado el Poder Judicial. La presidenta ha sido clara: esta reforma responde a la voluntad del pueblo. ¿Y qué poder es más legítimo que el del pueblo, expresado a través del voto? Las fuerzas conservadoras, lideradas por el PAN y respaldadas por la vieja clase política del PRI, han mostrado su verdadero rostro: uno que prefiere preservar sus intereses a cualquier costo, incluso si esto significa ir en contra de la voluntad democrática.
El exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, junto con su sucesora, Libia Denisse García, han recurrido a la SCJN con la esperanza de que el tribunal, encabezado por una minoría conservadora, pueda revertir lo que el pueblo ha decidido. Pero esta es una batalla perdida para ellos. Como bien lo señaló Sheinbaum, la reforma ya es parte de la Constitución, y no será detenida por aquellos que han vivido cómodamente dentro de un sistema de justicia que responde más a los intereses de las élites que a los de la ciudadanía.
La figura de Diego Sinhue y su sucesora no son más que peones en el tablero de la oposición, encabezada por una alianza antinatural entre el PRI y el PAN, partidos que en el pasado se disputaban el poder, pero que ahora, ante el avance de la Cuarta Transformación, han decidido unir fuerzas para proteger sus viejos privilegios. La cena entre Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN, y Alejandro “Alito” Moreno, líder del PRI, previa a las elecciones pasadas, es un recordatorio de cómo las élites tradicionales siempre han intentado pactar en los rincones oscuros, lejos del escrutinio público, para mantener el statu quo.
Esta cena entre Piña y “Alito” Moreno no es un hecho aislado, sino una muestra más de la connivencia entre sectores del Poder Judicial y la vieja clase política, que busca detener el avance de la transformación. Este tipo de acuerdos a puerta cerrada es precisamente lo que la Reforma Judicial busca erradicar. La justicia no puede seguir siendo un privilegio de unos pocos. La voluntad del pueblo, expresada en las urnas, demanda un Poder Judicial transparente, honesto y, sobre todo, al servicio de la ciudadanía.
La presidenta Sheinbaum ha demostrado con claridad que no tiene miedo de enfrentarse a estas fuerzas. Como científica y como líder, ha dejado claro que los procedimientos legislativos que se siguieron para aprobar la reforma fueron impecables. La reforma se construyó desde la legitimidad, desde el mandato popular, y ningún ministro, por más alianzas que intente tejer con la vieja clase política, podrá detenerla.
En este contexto, la SCJN, bajo la presidencia de Norma Piña, enfrenta una encrucijada histórica. O bien se alinea con el mandato democrático expresado en las urnas y respalda la reforma, o se convierte en un obstáculo más en el camino de la Cuarta Transformación. Pero la realidad es ineludible: la Reforma Judicial ya está consagrada en la Constitución, y cada intento de impugnación no es más que un último esfuerzo desesperado por parte de aquellos que se resisten al cambio.
La impugnación presentada por Guanajuato, así como cualquier otro recurso legal que se presente en los próximos días, será una prueba más de cómo las élites conservadoras están dispuestas a todo con tal de frenar el avance de un proyecto que busca la justicia para todos los mexicanos. Pero al final, como bien lo señaló la presidenta, el pueblo ha hablado. Y esa voz no puede ser callada por los gritos de unos cuantos que se aferran a sus privilegios.
Es tiempo de que el Poder Judicial se ajuste a la nueva realidad del país. Un México en el que la justicia no sea un lujo, sino un derecho al alcance de todos. Un país donde el Poder Judicial no sea un refugio para los poderosos, sino un instrumento para garantizar el bienestar y la igualdad de los ciudadanos. La Cuarta Transformación sigue su curso, y la Reforma Judicial es solo uno de los muchos cambios que vienen. Y aunque a algunos no les guste, como lo dijo Sheinbaum, esta es la voluntad del pueblo de México, y esa voluntad es la que se respetará.