La Suprema Corte y su intento de frenar la voluntad popular

En los últimos días, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado con firmeza y claridad el intento de golpe de Estado técnico que ha emprendido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al arrogarse la facultad de revisar la Reforma Judicial. No es la primera vez que la Corte actúa en contra de la voluntad popular, pero este caso es particularmente grave, pues pretende anular una decisión que fue aprobada de manera legítima y democrática por el Congreso de la Unión, en representación del pueblo de México.

El argumento principal de Sheinbaum es claro y sólido: la SCJN está extralimitándose en sus funciones al pretender analizar la constitucionalidad de la Constitución misma. Esto, según la mandataria, no tiene sustento legal alguno. Y tiene razón. Nuestra Constitución es clara en su redacción. El artículo 39 establece que “la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo”, lo que significa que el pueblo de México tiene el derecho inalienable de determinar su forma de gobierno. En este caso, mediante el apoyo masivo a las reformas impulsadas por la Cuarta Transformación (4T), el pueblo ha manifestado su voluntad de llevar a cabo una Reforma Judicial profunda, que democratice y ponga fin a los privilegios que la cúpula judicial ha protegido por décadas.

El respaldo a esta reforma no es una mera ocurrencia del gobierno actual. Morena y sus aliados de la 4T lograron obtener la mayoría calificada en el Congreso, lo que legitima aún más esta reforma, pues cumple con lo estipulado en el artículo 135 de la Constitución, que faculta al Congreso de la Unión a reformar la Carta Magna siempre que cuente con el apoyo de dos terceras partes de las Cámaras. Este es el mandato del pueblo. Entonces, ¿con qué legitimidad la Corte pretende frenar este proceso?

Es importante recordar que esta reforma, planteada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue parte central de la plataforma política de Claudia Sheinbaum durante su campaña. El pueblo la respaldó en las plazas públicas, apoyando esta y otras reformas necesarias para seguir avanzando en la Cuarta Transformación. Por tanto, lo que vemos aquí no es otra cosa que un intento de las élites judiciales por proteger sus privilegios y frenar el avance democrático que representa la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

En su conferencia, Sheinbaum también fue clara al explicar que no hubo sobrerrepresentación en el Congreso. Los números y fórmulas constitucionales lo demuestran. La reforma judicial fue aprobada con todos los requisitos legales necesarios y, por ende, no puede ser revertida por un grupo de ministros que están actuando más como defensores de intereses particulares que como guardianes de la Constitución. Si bien algunos podrían argumentar que la SCJN tiene la tarea de revisar la constitucionalidad de las leyes, en este caso se está excediendo al cuestionar una decisión que ya ha sido aprobada por los representantes legítimos del pueblo.

Es preocupante que la Corte pretenda victimizarse con estas acciones. Según Sheinbaum, lo que buscan es que se les estigmatice como traidores, para así justificar su resistencia a la transformación. Pero, como bien dice la presidenta, esto no sucederá. La Cuarta Transformación no se detiene, y mucho menos por las maniobras de ocho ministros que, en lugar de defender los intereses del pueblo, han optado por resguardar los privilegios de una casta judicial que ha estado al margen de los procesos democráticos que hoy se impulsan en todo el país.

Este intento de golpe aguado, como lo ha calificado Sheinbaum, no es más que una pataleta de aquellos que se niegan a perder sus prerrogativas. No olvidemos que muchos de estos ministros han sido partícipes, directa o indirectamente, de los sistemas corruptos que imperaron durante los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN. ¿Acaso alguien se sorprendería de que, al final, lo que está en juego no es la Constitución, sino la defensa de los privilegios que estos ministros han disfrutado durante décadas?

La elección de jueces y magistrados, propuesta por Sheinbaum, es un paso esencial para democratizar un poder que históricamente ha estado controlado por una élite. Durante demasiado tiempo, el Poder Judicial ha sido un refugio de intereses privados, alejado de la realidad y necesidades de la gente común. Con esta reforma, se busca que los jueces y magistrados sean elegidos por el pueblo, para que respondan a las demandas sociales y no a las presiones de unos cuantos.

Es fundamental recordar que esta no es una acción autoritaria, como algunos opositores han intentado señalar. El gobierno de la Cuarta Transformación es un gobierno auténticamente democrático, elegido por el pueblo y para el pueblo. Las reformas que se han impulsado desde el inicio de esta administración, incluida la Reforma Judicial, son un reflejo del compromiso con la justicia social y la equidad, valores que han sido sistemáticamente ignorados por las élites del pasado.

Al final del día, no es la Corte la que puede detener la transformación que vive México. La Cuarta Transformación es un movimiento que responde a las demandas de justicia y democracia del pueblo mexicano. La SCJN, o al menos una parte de ella, ha decidido ponerse del lado equivocado de la historia, defendiendo los intereses de unos pocos en lugar de proteger los derechos de la mayoría. Pero como bien lo dijo Sheinbaum, “a la transformación no la pueden parar ocho ministros”.

El pueblo ya ha decidido, y esa decisión es llevar la democracia al Poder Judicial. Los intentos de la SCJN por frenar este avance no son más que un último esfuerzo desesperado de las viejas estructuras de poder para mantener sus privilegios. Pero México ya ha cambiado. Con la Reforma Judicial, los jueces, magistrados y ministros deberán rendir cuentas al pueblo, como sucede en cualquier verdadera democracia.

Este es el camino hacia la justicia y la igualdad, y no hay obstáculo que pueda detener la voluntad popular.