El paro judicial: Un acto injustificado en perjuicio del país

La reciente postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto al paro judicial es clara y contundente: no hay justificación alguna para que los jueces y trabajadores del Poder Judicial sigan paralizando sus actividades, especialmente cuando sus derechos laborales no se han visto afectados por la Reforma Judicial en curso. En este escenario, surge la pregunta: ¿qué motiva realmente a este sector a mantener un paro que no solo afecta el funcionamiento del país, sino que además se mantiene bajo un manto de privilegios, como el cobro íntegro de sus salarios?

La mandataria federal ha sido enfática en señalar que la Reforma Judicial, lejos de ser una amenaza para los derechos de los trabajadores, es un paso necesario para sanear uno de los poderes más cuestionados en la historia reciente de México. La narrativa que algunos sectores han intentado promover, en especial desde la oposición, es completamente falsa. Afirmaciones como las de Felipe Calderón, quien aseguró que esta reforma abre las puertas al autoritarismo, no tienen sustento y buscan, como siempre, sembrar miedo entre la población para proteger intereses que poco tienen que ver con el bienestar del pueblo.

Es fundamental entender que el paro no solo impacta a las estructuras internas del Poder Judicial, sino que su alcance es mucho mayor. La parálisis en la emisión de órdenes de aprehensión es un claro ejemplo de cómo las acciones de ciertos grupos, bajo el pretexto de defender sus derechos, terminan afectando directamente a la justicia del país. Esta situación, en la que el Poder Judicial, un ente que debe ser garante de la justicia, parece anteponer sus propios intereses corporativos, es insostenible. La presidenta lo resumió perfectamente al cuestionar: “¿Cómo en paro? Y además cobrando sus salarios”. Es una contradicción que no puede pasar desapercibida.

No hay que perder de vista el trasfondo de esta situación. La Reforma Judicial no es un capricho ni un ataque, como lo han querido pintar ciertos actores políticos que han vivido de los privilegios de un sistema judicial opaco y corrupto. Este proceso de transformación tiene como objetivo principal garantizar que el Poder Judicial se conduzca con la transparencia, eficiencia y compromiso que la ciudadanía merece. La historia ha mostrado repetidamente que este poder ha sido utilizado en múltiples ocasiones como un instrumento al servicio de las élites, de los mismos de siempre: aquellos que defienden el status quo y ven en cualquier intento de cambio una amenaza a sus intereses.

Las palabras de Sheinbaum resuenan con la verdad. En su mensaje, señaló con claridad que “la reforma es para el bienestar de todos, para sanear el Poder Judicial”. ¿Acaso no es esto lo que el país necesita? Desde hace décadas, el pueblo de México ha sido testigo de un sistema judicial que, en muchas ocasiones, actúa más como una barrera para la justicia que como su garante. Las decisiones polémicas, las exoneraciones injustificadas y los favores a los poderosos son solo algunos de los ejemplos que han dañado la credibilidad de esta institución.

Es por esto que el argumento del “autoritarismo” que han intentado posicionar figuras como Calderón carece de toda lógica. Es precisamente lo contrario: lo que esta reforma propone es democratizar el Poder Judicial. En lugar de mantenerlo como una entidad autónoma al servicio de unos pocos, se busca que el pueblo de México tenga una voz en la elección de sus magistrados y jueces. Este es un paso histórico que muchos han querido sabotear por miedo a perder el control sobre un poder que, por años, ha sido manejado a su antojo.

El próximo 15 de octubre será un día clave, ya que saldrá del Senado la convocatoria para la elección del Poder Judicial. El proceso que seguirá estará lleno de retos, pero también de oportunidades. Esta elección, que se llevará a cabo en junio del próximo año, marcará un antes y un después en la historia de México. Por primera vez, el pueblo tendrá en sus manos la posibilidad de elegir a quienes deberán impartir justicia de manera imparcial, transparente y, sobre todo, en beneficio de la sociedad, no de las élites políticas y económicas.

Lo que estamos presenciando no es más que el inicio de una batalla por el poder en su estado más puro. Un poder que, hasta ahora, ha sido monopolizado por un pequeño grupo de privilegiados que temen perderlo. Sin embargo, en este proceso, el pueblo de México está más despierto que nunca. Ya no se dejará engañar por los mismos de siempre, aquellos que, bajo el disfraz de la “democracia”, han utilizado las instituciones para perpetuarse en el poder.

En definitiva, el paro judicial es un acto injustificado, alimentado por aquellos que se resisten al cambio y prefieren mantener un sistema que, hasta hoy, ha servido a sus intereses. La Reforma Judicial no solo garantiza los derechos laborales de los trabajadores, sino que además busca poner fin a las prácticas corruptas y los abusos que han caracterizado a este poder durante décadas.

La transformación que Claudia Sheinbaum encabeza es, sin duda, un cambio profundo y necesario para el país. Aquellos que se oponen a ella, como la oposición liderada por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, lo hacen por miedo a perder sus privilegios. Esos mismos partidos que, durante años, se beneficiaron de un sistema judicial a modo, ahora intentan desacreditar una reforma que busca, por primera vez, devolverle al pueblo de México el control sobre su propio destino.

La Presidenta Sheinbaum ha dejado claro que respeta la autonomía del Poder Judicial, pero no está de acuerdo con la forma en que ha sido manejado. Y es que no se trata de interferir en su funcionamiento, sino de sanearlo, de garantizar que sirva verdaderamente a los intereses del país. El pueblo merece un sistema de justicia limpio, transparente y al servicio de todos, no solo de unos pocos. Y esa es la verdadera razón detrás de esta reforma.

El llamado es claro: es tiempo de que el Poder Judicial se sume a la transformación que vive México. No hay razón para estar en paro. Es hora de ponerse del lado del pueblo y de la justicia.