Ejidatarios exigen a la CFE frenar expansión de termoeléctrica Guadalupe Victoria por daños ambientales
Los ejidatarios de Villa Juárez, en el municipio de Lerdo, han alzado la voz para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que detenga de inmediato las obras de ampliación de la planta termoeléctrica Guadalupe Victoria. Los campesinos señalan que este proyecto, iniciado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ha causado graves daños al medio ambiente, afectando el ecosistema de la Comarca Lagunera.
La comunidad campesina ha solicitado una mesa de diálogo con las autoridades a más tardar en una semana. De no obtener respuesta, advirtieron que recurrirán a la movilización social, con la toma de las instalaciones, y a la vía jurídica, presentando amparos. Denunciaron que la planta termoeléctrica ha provocado la sobreexplotación de los mantos acuíferos, contaminación del río Nazas por los desechos que arroja, y la devastación de la vegetación local.
En la década de 1990, cuando se construyó la planta, la CFE expropió 125 hectáreas de tierras de riego en Villa Juárez, pero las indemnizaciones fueron insuficientes y no se cumplieron otras promesas clave. Los ejidatarios reclaman que les pagaron como si fueran tierras de eriazo y que el compromiso de ofrecer empleo permanente a sus familiares fue cumplido solo durante el primer año, cuando apenas 12 personas fueron contratadas. También denunciaron que los subsidios prometidos para obras públicas en su comunidad fueron desviados hacia el ayuntamiento de Lerdo, dejándolos sin beneficios directos.
Además, las revisiones periódicas sobre los impactos ambientales, que la administración de Salinas de Gortari prometió implementar, nunca se realizaron, lo que ha exacerbado el deterioro del entorno natural. Los ejidatarios han acusado a gobiernos posteriores, desde Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto, de no tomar cartas en el asunto, ignorando sus denuncias.
Hoy, la comunidad de Villa Juárez enfrenta una nueva amenaza: la ampliación de la planta, que, según ellos, viola el decreto expropiatorio de 1989. En este decreto, se estipulaba que las tierras expropiadas serían devueltas a los ejidatarios si no se completaba la ampliación en un plazo de cinco años, lo cual no ocurrió. Ante esta violación, exigen la suspensión de las obras que actualmente ejecuta la empresa china HBP y demandan la reforestación de las riberas del río Nazas, así como la instalación de un invernadero ejidal que beneficie a la comarca.
Uno de los afectados señaló que la CFE, bajo la dirección de Manuel Bartlett, no ha mostrado interés en resolver el conflicto, y responsabilizó también a grandes corporaciones, como Lala, por la sobreexplotación de los recursos hídricos. Asimismo, lamentó que el gobernador priísta de Durango, Esteban Villegas, no ha intervenido en la defensa del medio ambiente, limitándose a elogiar al presidente López Obrador y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Los ejidatarios insisten en que la operación de la planta ha ocasionado una grave escasez de agua en la región, afectando la producción agrícola de Villa Juárez. Aseguran que el canal construido por la CFE para deshacerse de las aguas residuales está contaminando los suelos y agravando la situación de pobreza en la comunidad, ya que algunos campesinos, por necesidad, utilizan esas aguas contaminadas para irrigar sus parcelas.
La Unión de Familias Afectadas por la Termoeléctrica Guadalupe Victoria concluyó que el adeudo económico de la CFE es ínfimo en comparación con el daño ambiental irreversible que ha sufrido la región. Subrayaron que la lucha no es solo por una compensación económica justa, sino por la protección del medio ambiente para las futuras generaciones de la Comarca Lagunera y de México.