Guanajuato enfrenta desafío en seguridad: altos mandos incumplen con evaluaciones de confianza
Guanajuato, uno de los estados más afectados por la violencia en México, atraviesa una situación preocupante en materia de seguridad pública. De los 14 altos mandos encargados de la seguridad estatal, incluyendo al fiscal general de justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, sólo uno cuenta con un certificado de confianza vigente, requisito indispensable para su permanencia en el cargo según la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El estado, que ocupa el primer lugar en homicidios dolosos a nivel nacional, con 256 casos reportados en julio de este año, y que se sitúa en el tercer puesto de incidencia delictiva total con 13 mil 111 ilícitos, enfrenta críticas por la falta de actualización en los certificados de confianza de sus principales responsables en la lucha contra la delincuencia.
De acuerdo con registros oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), la mayoría de estos servidores públicos no han sido evaluados o tienen certificados vencidos, lo que incumple con lo establecido en los artículos 40, 67 y 68 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estos artículos estipulan que los altos mandos deben someterse a evaluaciones periódicas y mantener vigente su certificación de confianza, un proceso que debe llevarse a cabo con seis meses de anticipación a la expiración de la misma.
Entre los funcionarios con certificados vencidos se encuentra el propio fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, quien, aunque fue aprobado en evaluaciones anteriores, ya no cuenta con la certificación vigente. La misma situación afecta a otros altos mandos, como Joel Romo Lozano, fiscal regional A, y Aaron Edmundo Castro Sánchez, fiscal regional D. A estos se suman Ricardo Vilchis Contreras, director de Investigaciones de la Agencia de Investigación Criminal, y José de Jesús Quezada Torres, fiscal especializado en Delitos de Alto Impacto.
Por otro lado, varios de estos servidores públicos ni siquiera han sido evaluados. Tal es el caso de Israel Aguado Silva y Jorge Gómez Morado, fiscales regionales B y C, respectivamente, así como de Marco Antonio Medina Torres, fiscal especializado en Combate a la Corrupción, y Juan José González González, director general del Sistema Estatal Penitenciario.
Entre los pocos altos mandos que han cumplido con los requisitos de certificación se encuentra Sophia Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien cuenta con un certificado vigente de confianza. No obstante, la situación de otros funcionarios clave en la seguridad estatal, como Álvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública, y su subsecretario, Martín Octavio Luque Lucio, ambos con certificados vencidos, genera preocupación.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que aquellos funcionarios que no se encuentren debidamente certificados incumplen con los requisitos para su permanencia en el cargo, un tema crítico para un estado como Guanajuato, que enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. La falta de actualización en los certificados de confianza de los altos mandos pone en duda la capacidad de respuesta efectiva del gobierno estatal ante la creciente incidencia delictiva.